Veinticinco años después de los atentados que mataron a casi 3.000 personas, el juicio contra Khalid Shaikh Mohammed sigue sin celebrarse. Y ahora llegará sin una de sus piezas clave.
El gobierno de Estados Unidos decidió no apelar el fallo del juez militar Lt. Col. Schrama, que suprimió las declaraciones que Mohammed hizo al FBI en 2007. La razón es tan sencilla como reveladora: una apelación podría «poner en riesgo la fecha de juicio del 5 de junio de 2028, ganada con tanto esfuerzo», según escribieron los fiscales en una carta a las familias de las víctimas, una semana antes del 25.º aniversario de los ataques, de acuerdo con fuentes citadas por The New York Post.
Schrama había fijado esa fecha el mes pasado, antes de emitir el fallo que eliminó la confesión del caso. El juez argumentó que Mohammed fue sometido a «coerción severa» durante sus años en prisiones clandestinas de la CIA y que no tuvo oportunidad de consultar con un abogado. Los fiscales ya habían descartado previamente usar evidencia obtenida en esas instalaciones secretas.
Mohammed está detenido en Guantánamo desde 2006. Sus supuestos cómplices —Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi y Ammar al-Baluchi— también serán juzgados en junio de 2028. La fiscalía asegura contar con otras pruebas de culpabilidad, incluyendo registros telefónicos y financieros que vincularían a Mohammed con los terroristas que ejecutaron los secuestros, según el Post.
El caso acumula décadas de tropiezos legales. En 2024, Mohammed y dos de sus coacusados alcanzaron un acuerdo de culpabilidad con la administración Biden que les habría evitado la pena de muerte. El clamor público de algunas familias de víctimas forzó a los funcionarios de Biden a intentar cancelar el trato, lo que desencadenó años adicionales de litigios sin juicio.
Lo que está en juego es más que un proceso penal. Las familias de casi 3.000 muertos llevan un cuarto de siglo esperando que un tribunal condene a los responsables. Cada demora procesal —cada apelación, cada acuerdo revocado, cada fallo que suprime evidencia— es un insulto renovado a quienes perdieron a alguien aquel martes de septiembre.
El aparato judicial militar ha demostrado una capacidad extraordinaria para convertir lo que debería ser un juicio histórico en un laberinto burocrático sin fin. Que los fiscales ahora deban elegir entre llegar a juicio con menos pruebas o arriesgarse a otro lustro de espera dice todo sobre el estado de un sistema que, en este caso, ha fallado a las víctimas mucho antes de que un jurado emita su veredicto. Que no te lo cuenten.
