En una audiencia del miércoles del Comité Judicial del Senado, presidido por Josh Hawley, el tema fueron las «Flock cameras». El intercambio dejó más ruido que claridad. Las críticas más duras y las anécdotas más sensacionalistas ocuparon el centro, mientras faltó contexto sobre el uso policial de esta tecnología.
Las «Flock cameras» son una marca de lectores automáticos de matrículas. Funcionan con movimiento. Fotografían vehículos que pasan. Luego usan IA para escanear y registrar matrículas, además de rasgos como marca, modelo, color y detalles visibles como calcomanías o daños.
El texto sostiene que la utilidad para la policía es «obvia y bien documentada». Cuando la policía necesita ubicar un vehículo, estas redes ayudan a reducir el área de búsqueda. Eso puede facilitar rescates de víctimas de secuestro, recuperación de autos robados y localización de personas con demencia que salieron con llaves viejas.
En la audiencia, la discusión se concentró en dos objeciones. La primera fue constitucional. La segunda, el riesgo de abuso gubernamental. El autor y Charles Fain Lehman sostienen en un reporte del Manhattan Institute que esas objeciones están exageradas y que hace falta un marco regulatorio que dificulte el abuso.
Sobre la Constitución, el texto afirma que los sistemas de ALPR ya han sido litigados muchas veces en tribunales federales y estatales. Dice además que no existe un caso vigente que concluya que su uso o mantenimiento sea una búsqueda bajo la Cuarta Enmienda. Señala también que una sola decisión de primera instancia fue revocada rápidamente, y que tribunales de apelación estatales y federales han respaldado por unanimidad esta tecnología cuando enfrentó impugnaciones constitucionales.
La razón, según el texto, es simple. Las cámaras fotografían la apariencia exterior de vehículos que circulan en vías públicas. Y los tribunales, por lo general, no reconocen una expectativa de privacidad sobre lo que se expone abiertamente al público.
El propio texto cita el caso Schmidt v. Norfolk, aún pendiente ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito. Allí, el juez dijo que las cámaras de ALPR fotografiaron a los vehículos de los demandantes unas 475 y 325 veces, respectivamente, durante cuatro meses y medio. Pero concluyó que eso no bastaba para demostrar que el sistema capturaba suficientes imágenes como para reconstruir el conjunto de sus movimientos.
Al final, esta discusión no trata solo de cámaras. Trata de si el Estado puede usar tecnología útil sin caer en el abuso, o si el debate público va a seguir premiando el alarmismo y castigando la evidencia. Cuando la burocracia quiere prohibir antes que regular, el costo lo pagan la seguridad y la eficacia policial. Otra vez la doble vara. Que no te lo cuenten.
