El senador Miguel Ángel Calisto (independiente) enfrenta una acusación por fraude al Fisco. La Fiscalía pide 12 años de cárcel. El monto: $105 millones de dinero del Congreso.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, lo dice sin rodeos. Calisto montó, según la acusación, una «maquinación fraudulenta». Fingió contratar a una asesora, Carla Graf, con cargo a fondos públicos. Ella no habría realizado labor alguna. El dinero, según la Fiscalía, terminó beneficiando al propio senador.
La defensa intentó primero sostener que las asesorías eran verbales. No funcionó. Después aportó documentos escaneados, sin fecha ni firma. Tampoco funcionó. La PDI realizó un peritaje documental. La conclusión fue categórica: era imposible que esos informes hubieran sido elaborados por Graf en el período en que supuestamente prestó servicios, entre 2018 y 2022.
La propia Graf lo confirmó. Declaró dos veces, con su abogado presente. Corroboró que el mecanismo existió para defraudar al Congreso. Sus palabras, no las de la Fiscalía.
Calisto alega que la investigación se cerró de forma intempestiva. Libedinsky lo rechaza. Al momento del cierre, el 25 de junio, no había diligencia pendiente. La defensa no solicitó ninguna dentro del plazo legal. Ahora recurre al Tribunal Constitucional. Para el fiscal, el objetivo es claro: dilatar, ganar tiempo e impedir el desafuero.
Sobre el fuero, la posición de la Fiscalía es firme. Calisto renunció parcialmente a él para que se decretara arraigo. Para el Ministerio Público, eso equivale a estar desaforado. No puede invocar el fuero solo cuando le conviene.
El Consejo de Defensa del Estado señaló que la defensa no ha colaborado. Libedinsky concuerda. Va más lejos: afirma que personas vinculadas al parlamentario habrían hostigado a testigos.
Que no te lo cuenten. Aquí no hay zona gris. Hay peritajes, hay declaraciones de la propia imputada, hay documentos sin fecha ni firma aparecidos en el momento oportuno. El relato de la asesoría que existió se cayó solo, pieza por pieza.
Lo que está en juego es simple: dinero de los contribuyentes, canalizado a través del Congreso, presuntamente desviado por quien debía representar a los ciudadanos. La burocracia parlamentaria no detectó nada porque su control, admite el propio fiscal, es apenas un trámite formal. Un check list. Eso es lo que protege el erario. Y mientras la defensa dilata en el TC, el juicio oral sigue sin fecha.
