El Gobierno de Trump sigue apretando el cerco sobre el fraude electoral. El Departamento de Justicia anunció nuevos casos que abarcan California, Kansas, Louisiana, Texas y Massachusetts, en medio de una ofensiva más amplia para reforzar la seguridad electoral antes de las elecciones de mitad de período.
Las acusaciones incluyen voto ilegal, falsas declaraciones de ciudadanía, registros fraudulentos e identidad falsa. Entre los más de una docena de acusados hay personas señaladas por supuestas maniobras para entrar al padrón y votar sin derecho a hacerlo.
Uno de los casos que más llama la atención es el de Bridget Johnson, ex candidata a la alcaldía en Louisiana. Los fiscales alegan que registró de forma fraudulenta a Michael Wedderburn, ciudadano jamaicano, antes de que él votara en la elección federal de 2024 y también en la misma contienda municipal en la que Johnson era candidata.
La Casa Blanca puso estos expedientes como ejemplo de que el problema no es una fantasía. Lauren Bis dijo a Fox News Digital que «a pesar de que los demócratas extremos y los medios afirman que nunca sucede, la evidencia de no ciudadanos registrándose y votando en nuestras elecciones sigue acumulándose». También afirmó que cualquier no ciudadano que se registre y vote será arrestado y obligado a responder.
Todd Blanche fue igual de directo. Dijo que quienes estén «jugando con el sistema electoral, votando ilegalmente o cometiendo fraude electoral» enfrentarán proceso penal. En Texas, fiscales federales dijeron que sus siete casos «envían un mensaje claro» sobre la aplicación de las leyes que prohíben votar a los no ciudadanos.
El relato se cayó solo. Mientras la burocracia política intenta vender desconfianza como exageración, el Estado tiene que hacer lo básico: proteger el voto legal de los ciudadanos. No hay democracia seria cuando cualquiera puede colarse en el padrón por la puerta de atrás.
Otra vez la doble vara. Cuando el fraude favorece al aparato, lo minimizan. Cuando lo persigue el gobierno, aparecen las excusas. Aquí no está en juego una consigna; está en juego la integridad del sufragio y el derecho de los contribuyentes a un sistema limpio.
