La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, aseguró en sus redes sociales que los integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal salieron de ese órgano consultor tras la solicitud del ministro de Justicia, Iván Cancino.
Según Zuleta, la salida habría sido un castigo porque, de acuerdo con su versión, se filtró el texto del estatuto antiterrorista. Incluso escribió que los sacaron «como castigo» y que el proyecto pretendía «volver a Colombia al terrorismo de Estado».
Pero una alta fuente del Gobierno le dijo a SEMANA que esa versión no es cierta. Según esa fuente, a la comisión se le aceptó la renuncia hace varias semanas y eso no tuvo nada que ver con el proyecto que está recién redactado. La misma fuente aclaró que «no se les entregó ningún documento».
Aquí hay algo más que una simple corrección. Hay una clase de relato que intenta convertir una renuncia administrativa en una conspiración útil para agitar la política. Y cuando la burocracia se usa como escenario para fabricar indignación, el debate serio sobre seguridad y ley queda enterrado bajo ruido.
Otra vez la doble vara. Si la discusión pública va a girar sobre estatutos, penas y consultas, debería partir de hechos verificables y no de especulaciones lanzadas desde una tribuna partidista. Que no te lo cuenten: cuando una versión se cae por sí sola, lo que queda al descubierto no es solo un error. Queda expuesta la hipocresía de quienes exigen rigor para los demás y liviandad para sus propias acusaciones.
