Un jurado de Manhattan le otorgó 35,2 millones de dólares a Meghan Brown, ex analista de JPMorgan, por las lesiones cerebrales permanentes que, según ella, le causó una puerta de vidrio de siete pies y medio que se rompió en el vestíbulo de un edificio de la Avenida Madison en 2015. El veredicto fue unánime. Hasta ahí, los hechos.
Ahora vienen los otros hechos.
Los propietarios del edificio, identificados como 271 Madison Co., contrataron investigadores privados que grabaron a Brown durante nueve meses en Naples, Florida, donde ella opera un negocio de gelato. Las imágenes, según documentos judiciales citados por el New York Post, muestran a Brown esquivando tráfico, trabajando turnos de diez horas, enviando mensajes de texto mientras maneja un triciclo sin casco y empujando sola un carrito de gelato hacia una camioneta al terminar un evento de tres horas en un campo de golf.
En el juicio, Brown había declarado que las luces fluorescentes «me agotan de maneras que necesito una siesta… estoy en dolor», y que tenía un equipo de asistentes para «prácticamente cada tarea del negocio». Un video la muestra trabajando bajo iluminación fluorescente en el almacén del local, de noche.
El abogado del edificio, Christopher Theobalt, escribió en la moción que «raramente una farsa de esta magnitud queda capturada en video». El abogado de Brown, Tom Moore, lo calificó de «desesperación absoluta» y recordó que durante el juicio ella caminó sola al tribunal todos los días, a la vista del jurado. «¿Qué se supone que haga, vivir de la asistencia pública?», preguntó Moore. «Está tratando de salir adelante como puede.»
Hay un segundo frente. Según los documentos judiciales citados por la defensa del edificio, Brown declaró en un arbitraje federal separado contra JPMorgan que su despido no fue por problemas de desempeño derivados de sus lesiones cerebrales —como testificó en el juicio civil— sino por represalias en una disputa salarial. «Decirle dos historias contradictorias a dos tribunales bajo juramento y ganar en ambos es perjurio», sostiene la moción. Moore negó la inconsistencia y aclaró que «ni un centavo» del veredicto correspondía a pérdida de ingresos futuros.
El jurado había encontrado en marzo de 2024 que la negligencia del propietario fue «un factor sustancial» en las lesiones de Brown. Ese hecho no se mueve.
Lo que sí se mueve es la pregunta que este caso planta en el centro de la mesa: ¿quién paga cuando el sistema no tiene mecanismos efectivos para detectar el fraude procesal hasta que ya se dictó sentencia? El aparato judicial de Nueva York tardó casi una década en llegar a veredicto; la parte condenada tuvo que costear nueve meses de vigilancia privada para presentar una defensa que, según alega, debió haberse ventilado antes. Sea cual sea el resultado de la apelación, el costo de este litigio —en tiempo, en recursos y en credibilidad institucional— ya está pagado. Y no lo pagó ningún funcionario.
