El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, reveló que el exfiscal especial Jack Smith, durante su pesquisa «Arctic Frost», y el Departamento de Justicia de Joe Biden recopilaron información sensible sobre al menos 639.000 donantes, votantes y simpatizantes republicanos.
Según Grassley, el equipo de Smith y el DOJ obtuvieron hojas de cálculo con «donantes del Partido Republicano, simpatizantes e información personal detallada del votante en varios formatos», y el total mínimo fue de más de 639.000 personas. De ese universo, más de 148.000 filas fueron identificadas como donantes.
El material reunido incluía nombres, fechas de nacimiento, direcciones físicas, correos electrónicos, si la persona estaba registrada como republicana, ocupación y lugar de trabajo. Grassley también dijo que había información de tarjetas de crédito, datos de análisis de donaciones y montos aportados.
La actualización del senador añade que la oficina de Smith y el DOJ obtuvieron además cheques de casi 5.000 estadounidenses que donaron a Trump y a entidades republicanas alineadas con Trump. En otra parte, Grassley sostuvo que el alcance llegó a registros de compras de gorras rojas MAGA, con compradores individuales, compras y direcciones de envío a domicilio.
Grassley afirmó que la información iba de 2005 a 2021, y dijo que eso estaba «muy fuera» del alcance de revisión que Smith decía tener. También acusó a Smith y a su equipo partidista de intentar «mapear todo el aparato del Partido Republicano».
Smith respondió en la audiencia del 29 de septiembre de 2026 que su oficina sí obtuvo información financiera y que emitieron citaciones para conducir una investigación criminal.
Lo que deja este episodio no es un tecnicismo judicial, sino una advertencia política: cuando el Estado cruza la línea y recolecta datos sensibles de ciudadanos por su filiación o simpatía partidista, la libertad política queda a merced de la burocracia.
Y si el poder público puede acumular direcciones, correos, cheques, montos y hasta compras de campaña de cientos de miles de opositores, el problema ya no es solo jurídico. Es de confianza, de límites y de abuso de autoridad. Que no te lo cuenten.
