El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, propuso compensar a los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores. El monto en juego: US$ 70 millones. La fuente: transferencias desde la Tesorería General de la República.
Hasta ahí, la noticia. El problema está en el reparto.
Según la indicación presentada, cada municipio recibirá «la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir». Eso lo calcula el SII. Y el resultado es brutal: Las Condes recibiría $ 13 mil millones. Quinta Normal, $ 59 millones.
Los alcaldes opositores salieron a la calle. Los encabezaron Claudio Castro, Tomás Vodanovic y Karina Delfino. Llamaron la fórmula «aberrante». Propusieron que el 100% de la compensación vaya al Fondo Común Municipal y se distribuya según necesidades.
Los alcaldes de derecha, en cambio, quedaron conformes. Argumentaron que un adulto mayor —sin importar su nivel de ingresos— no debería pagar por un inmueble que ya pagó toda la vida. Felipe Alessandri, de Lo Barnechea, dijo que lo aprobado «me parece bien».
El quiebre llegó hasta la Asociación Chilena de Municipalidades. Su presidente, Gustavo Alessandri, avaló la compensación. Los alcaldes progresistas acusaron que rompió un acuerdo de focalización alcanzado en junio en Coquimbo. Delfino anunció que la permanencia de su municipio en la ACHM está «en profunda revisión».
El ministro Quiroz no suavizó el tono. Ante las críticas, lanzó: «Si no quieren, no se compensa». La discusión quedó postergada para el 4 de agosto en el Senado.
A cambio de recibir la compensación, el Ejecutivo exige a los municipios mayor transparencia y una agilización del 30% en la entrega de permisos de inversión.
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Que no te lo cuenten. Aquí el aparato estatal propone tapar un beneficio regresivo con dinero de todos los contribuyentes. El ciudadano de clase media financia que el adulto mayor de Las Condes no pague contribuciones. Eso no es política social: es redistribución al revés.
El principio en juego es simple. Si una exención beneficia desproporcionadamente a quienes más tienen, la carga cae sobre quienes menos tienen. La burocracia lo llama «compensación». Contrafuego lo llama por su nombre.
