Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva. Congela los permisos estatales para nuevos centros de datos de inteligencia artificial a gran escala en Nueva York. La justificación oficial: proteger las facturas de electricidad y el suministro de agua. El relato se cayó solo.
El presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara, Brett Guthrie, y otros republicanos enviaron una carta al FBI y a los asesores científicos de la Casa Blanca. Exigen respuestas sobre lo que llaman una campaña de influencia extranjera coordinada. La carta cita investigaciones del Bitcoin Policy Institute y de Power the Future. Ambas organizaciones documentan cómo operaciones vinculadas a China trabajan para frenar la construcción de infraestructura de IA en Estados Unidos.
OpenAI reportó haber detectado redes de bots con vínculos chinos usando ChatGPT para fabricar indignación falsa sobre los precios de la electricidad. El secretario del Interior, Doug Burgum, fue directo: «Cualquier lugar que intenta construir centros de datos está siendo bombardeado con propaganda dirigida desde el extranjero». El inversor Kevin O'Leary, respaldando un proyecto de 100.000 millones de dólares en Utah, dijo que su equipo rastreó oleadas sospechosas en redes sociales y las atribuyó al Partido Comunista Chino.
El grupo de Facebook «Say NO to Data Centers» tiene 170.000 miembros. Su experto en cartografía digital, George Duarte, construyó un rastreador nacional de proyectos de centros de datos. También trabaja como estratega en una consultora de Washington cuyos clientes incluyen el Comité Nacional Demócrata, el DCCC, el DSCC y la Asociación de Gobernadores Demócratas.
El dinero tiene nombre. Los registros muestran que las Open Society Foundations de George Soros canalizaron más de 7,6 millones de dólares a Indivisible, la red activista que organiza protestas contra centros de datos en todo el país. Soros también destinó 23,7 millones de dólares al Working Families Party, el mismo que ahora recluta opositores a los centros de datos para postularse en estados clave. El multimillonario suizo Hansjörg Wyss aportó otro millón de dólares a Indivisible el año pasado a través de su Berger Action Fund, según declaraciones fiscales. Un grupo de vigilancia contabilizó más de 39 millones de dólares en dinero extranjero fluyendo hacia una docena de organizaciones que combaten los centros de datos en todo el país.
El rival republicano de Hochul, Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, propone que sean los gobiernos locales quienes decidan. Argumenta que la moratoria destruye empleo y cede terreno a Beijing en la carrera por la IA.
Que no te lo cuenten. Esto no es ambientalismo ni protección al consumidor. Es el aparato estatal usado como palanca para frenar la inversión privada en tecnología estratégica. Los contribuyentes neoyorquinos perderán empleos y oportunidades. La burocracia ganará más poder de veto. Y China, sin disparar un solo dólar en I+D, cosecha el resultado. Esa es la doble vara: la misma izquierda que exige soberanía tecnológica frente a Silicon Valley le abre la puerta de atrás a Beijing. El principio en juego es simple: libre empresa o regulación capturada por intereses extranjeros. Nueva York acaba de elegir.
