Kathy Hochul lleva semanas diciéndoles a sus donantes que ella es el freno de Zohran Mamdani. Que sin ella, el alcalde socialista de Nueva York haría aún más daño. El problema es que los hechos apuntan en dirección contraria.
La semana pasada, Hochul salió a defender públicamente la llamada «lista de enemigos» del Departamento de Finanzas de la ciudad: cientos de miles de nombres y direcciones de neoyorquinos que podrían quedar sujetos al nuevo impuesto pied-à-terre. Según el New York Post, la gobernadora insistió en que la lista «no tiene nada de extraordinario» y que «se publica anualmente». Una afirmación que sus críticos desafían a documentar.
Pero el problema no es solo la lista. Hochul fue quien eligió ese impuesto en abril, entre una larga lista de propuestas del equipo de Mamdani para subir impuestos a los ricos. Su propio equipo hizo los cálculos para fijar los umbrales: 5 millones de dólares para casas unifamiliares, 1 millón para condominios y cooperativas. Un umbral que, según el Post, ya está atrapando a propietarios que compraron sus unidades por mucho menos hace años y que hoy valen más por la inflación del mercado inmobiliario.
No para ahí. Hochul también aprobó otros subsidios estatales al municipio y dio luz verde a que la ciudad acumule miles de millones en deuda nueva para financiar gasto que el Post describe como «gasto socialista». Todo como parte de lo que el mismo diario llama su «paquete de rescate a Zohran».
Mientras tanto, la gobernadora declaró públicamente que Nueva York «no debería subir impuestos a individuos de alto patrimonio ni a empresas generadoras de empleo». Según el Post, ya aplicó al menos tres aumentos de ese tipo este año, incluyendo el pied-à-terre.
La doble vara es difícil de ignorar. Para los donantes y los votantes moderados de cara a noviembre, Hochul interpreta el papel de adulta en la sala. Para el bloque legislativo del DSA y para Mamdani, es la aliada que convierte sus propuestas en ley desde Albany.
Aquí está el principio en juego, y Contrafuego lo dice sin rodeos: un impuesto que presume culpabilidad hasta que el contribuyente demuestre lo contrario, que publica nombres y direcciones de ciudadanos privados, y que fue diseñado con umbrales que golpean a la clase media propietaria no es política redistributiva. Es aparato estatal al servicio del hostigamiento. Que la gobernadora lo defienda con cara de póker no lo hace menos grave. Que lo haga mientras se vende como moderada lo hace más hipócrita. Que no te lo cuenten.
