Kathy Hochul ordenó que Letitia James tome el control de la investigación penal sobre las acusaciones de violación grupal contra una exalumna de Cornell University en 2024.
La gobernadora dijo que «nueva información» seguía planteando preguntas serias sobre la investigación de Cornell Police y sobre la decisión del fiscal de Tompkins County, Matthew Van Houten, de no presentar cargos. También afirmó que había perdido la confianza en la capacidad del fiscal para «investigar y procesar el caso de manera efectiva».
Con ese movimiento, James pasa a actuar como fiscal especial. Hochul explicó que su oficina investigará el hecho y, si corresponde, llevará los posibles delitos ante un gran jurado. Van Houten ya había reabierto el caso después de que la denunciante presentara una demanda civil el mes pasado.
La mujer, identificada como Jane Doe, alega que fue drogada y violada por siete hombres en una casa de la fraternidad Chi Phi. Según la demanda, en el episodio habrían usado ketamina y uno de los involucrados habría enviado un mensaje de Snapchat con la frase «free p***y» para llamar a otros.
El caso volvió a explotar cuando apareció una transcripción de su entrevista con la policía universitaria. Allí, Doe habría dicho: «I can say with 100% confidence I was raped». Van Houten sostuvo que no había recibido esa transcripción y que su decisión anterior se basó en la declaración jurada de la denunciante.
Cornell University Police dijo a The Post que toda la información investigativa había sido compartida con la oficina del fiscal en 2024, aunque no aclaró si eso incluía la transcripción. La universidad negó las acusaciones y afirmó que actuó conforme a la policía. También indicó que prohibió al capítulo Chi Phi el acceso al campus.
James dijo que «todo hecho será examinado» y que cada neoyorquino merece saber que cuando denuncia un delito, este será investigado «de manera plena y justa». Hochul, por su parte, prometió una revisión independiente y sin sesgos.
El caso deja una lección incómoda para la casta universitaria y la burocracia local. Cuando una denuncia de esta gravedad queda atrapada entre versiones cambiantes, campus complacientes y fiscales que no logran sostener su propio criterio, el daño lo paga la víctima y también la confianza pública.
Otra vez la doble vara: instituciones que se venden como guardianes del debido proceso, pero solo reaccionan cuando el escándalo ya salió a la luz. Que no te lo cuenten. Aquí lo que está en juego no es el relato de moda, sino si el Estado y una universidad de élite pueden todavía responder con orden, evidencia y responsabilidad.
