Un hospital del estado de Michigan acordó pagar $410,000 para cerrar una demanda por despido injustificado. La afectada: Valerie Kloosterman, asistente médica con historial de evaluaciones positivas. El motivo de su despido: negarse, por convicciones cristianas, a completar un entrenamiento obligatorio que la exigía afirmar declaraciones sobre identidad de género contrarias a su fe.
Kloosterman fue despedida en agosto de 2021 por University of Michigan Health-West (UMHW), tres semanas después de solicitar formalmente una acomodación religiosa, según informó el First Liberty Institute, la organización legal que la representó. Presentó su demanda en octubre de 2022.
Lo que documentó la demanda va más allá de un simple despido. Según los archivos judiciales citados por First Liberty, funcionarios de UMHW convocaron a Kloosterman a una reunión donde la llamaron «evil» —malvada— y «liar» —mentirosa—, le dijeron que no podía llevar sus creencias cristianas al trabajo y la acusaron de contribuir a suicidios entre personas con disforia de género. El hospital, según la organización legal, no hizo ningún intento de acomodar sus creencias antes de despedirla.
«Todo lo que quería era brindar la mejor atención posible a mis pacientes sin ser obligada a violar mis creencias cristianas», declaró Kloosterman en un comunicado compartido con Fox News Digital.
El acuerdo no se limita al pago económico. Según First Liberty, UMHW deberá crear una política de acomodación religiosa que cumpla con la ley, capacitar a todos sus empleados sobre ella y garantizar acomodaciones razonables sin represalias para quienes las soliciten.
«El Título VII prohíbe a los empleadores discriminar y castigar a los empleados por su fe», señaló Kayla Toney, abogada de First Liberty, en un comunicado. «Los empleadores no pueden expulsar a personas como Valerie simplemente por sus sinceras creencias religiosas».
El hospital no respondió a las solicitudes de comentario de Fox News Digital.
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El relato se cayó solo. Durante años, el aparato progresista institucional vendió las políticas de identidad de género en el lugar de trabajo como medidas de «inclusión» y «seguridad». Lo que el caso Kloosterman deja en evidencia es la otra cara: una burocracia hospitalaria que llamó «malvada» a una profesional de fe, rechazó toda acomodación y la despidió en semanas. No por negligencia médica. No por mala conducta. Por sus creencias.
Cuatro años después, el hospital paga $410,000 —dinero que en última instancia sale del sistema de salud— y se compromete a respetar la ley que siempre estuvo vigente. La doble vara es perfecta: los mismos que predican tolerancia y diversidad no toleraron ni tres semanas la existencia de una empleada cristiana. Que no te lo cuenten.
