El 18 de junio, la oficina de campo de ICE en Harlingen, Texas, arrestó a 238 inmigrantes ilegales en una sola jornada. La agencia lo calificó como el mayor número de arrestos dirigidos en un día para esa región. No es un titular inventado. Es el registro oficial.
La operación incluyó a agentes de ICE y socios de otras fuerzas del orden. Los detenidos tenían condenas previas por intento de secuestro, agresión sexual con violencia y posesión de drogas, según informó la propia agencia.
Entre los arrestados figuró Manuel Morales-Geronimo, nacional mexicano identificado como miembro de la pandilla Paisas. Su historial incluye condenas por agresión con lesiones corporales, posesión de sustancias controladas, posesión de marihuana, conducir en estado de ebriedad, entrada ilegal y tres cargos de reingreso ilegal. Tres cargos de reingreso. No uno. Tres.
También fue detenido José Alfredo Castillo-Mendoza, otro nacional mexicano. ICE documentó condenas previas por intento de secuestro, agresión sexual y reingreso ilegal al país.
El director de la oficina de campo, Juan Agudelo, declaró: «No nos detendremos ante nada para mantener seguras nuestras comunidades americanas, removiendo un extranjero ilegal criminal a la vez».
La operación se enmarca en la política de la administración Trump de retirar de las comunidades a inmigrantes con antecedentes penales.
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Que no te lo cuenten. Estos no son migrantes que cruzaron buscando trabajo. Son personas con condenas documentadas por secuestro, violación y tráfico de drogas. Estaban en comunidades estadounidenses. ICE los sacó.
El relato progresista lleva meses repitiendo que las redadas son «cacerías indiscriminadas». La operación de Harlingen lo desmiente con nombres y expedientes. Cada arresto tiene una ficha con delitos concretos. Eso se llama aplicar la ley. Lo que durante años se llamó «política de puertas abiertas» se llamó, en realidad, dejar sueltos a convictos por secuestro. El costo de esa burocracia lo pagaron las víctimas. No los funcionarios que firmaron las amnistías.
