El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el lunes un aviso en el que anuncia planes para adquirir miles de «dispositivos conductores de distracción y desescalada» por un valor de hasta 20 millones de dólares, según reportaron The Associated Press y el propio aviso oficial. La compra deberá completarse antes de marzo.
La tecnología se llama G.L.O.V.E. —siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter— y ya ha sido utilizada por otras agencias de orden público en cárceles y en operativos de campo. La desarrolla Compliant Technologies LLC, empresa con sede en Kentucky.
Según la compañía, los guantes «no son un arma, sino un dispositivo que distrae con pequeños pulsos eléctricos incómodos» al entrar en contacto con la piel. El fabricante afirma que «el malestar asociado a la estimulación suele ser efectivo para lograr la cooperación del individuo en menos de tres segundos y no deja quemaduras, marcas ni cicatrices». Añade que la descarga no atraviesa ropa, cabello, metal, plástico ni piel animal, y que no puede afectar a otros agentes que toquen al detenido al mismo tiempo.
Los agentes deberán completar un curso de capacitación antes de usar los guantes y recertificarse cada dos años, de acuerdo con el sitio web de Compliant Technologies. La solicitud de contrato formal se publicaría este viernes, según el aviso del DHS.
El contexto importa. Desde que la administración Trump puso en marcha su campaña de deportaciones masivas, los agentes de ICE han enfrentado un aumento del 1.300% en asaltos y un 3.300% en ataques con vehículos, según cifras del DHS. Una fuente dentro de la agencia consultada por The Daily Wire fue directa: «Creo que si la gente supiera que los tenemos, definitivamente evitaría que nos empujaran y nos metieran en la cara».
Que no te lo cuenten. El relato progresista lleva meses presentando cada operativo migratorio como un exceso de fuerza unilateral. Los números del DHS muestran lo contrario: son los agentes quienes absorben una violencia creciente mientras intentan ejecutar la ley. Dotar a esos funcionarios de herramientas de desescalada no letales —certificadas, con entrenamiento obligatorio y sin daño permanente— es exactamente lo que se le exige al Estado cuando protege tanto al agente como al detenido.
El libre mercado también tiene algo que decir aquí: una empresa privada de Kentucky desarrolló una solución que el aparato burocrático tardó años en considerar. El resultado es tecnología funcional, de bajo impacto y con protocolo de uso. Eso se llama innovación al servicio del orden público. El debate real no es si los agentes merecen protección —la merecen— sino por qué tardó tanto en llegar.
