El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicó en el portal oficial del Gobierno estadounidense SAM.gov una licitación para incorporar al menos 5.500 camas adicionales a su red de centros de detención en cuatro áreas urbanas: Miami, Denver, Seattle y Filadelfia.
El desglose es preciso: 1.800 plazas en Filadelfia, 1.500 en Denver, 1.500 en Seattle y 700 en Miami. Los contratistas adjudicatarios deberán tener los espacios disponibles en un plazo no mayor a 30 días tras la firma del acuerdo.
La agencia prioriza infraestructuras ya operativas —modalidad «turnkey» o llave en mano— aunque contempla también edificaciones a remodelar o proyectos de nueva construcción. El documento de requerimientos técnicos especifica que los centros deben ofrecer «alojamiento, servicios de atención médica y salud mental, transporte, servicios de custodia, servicio de alimentación y servicios de detención para individuos bajo la custodia de ICE», con preferencia por recintos de alta seguridad de uso exclusivo.
La presión sobre la infraestructura de detención se explica por los números. Según la fuente, en junio se registró una cifra récord de más de 43.000 aprehensiones —el pico más alto en lo que la fuente describe como la segunda administración de Donald Trump—. El centro de investigación TRAC-Immigration de la Universidad de Syracuse estima que la población migrante recluida supera actualmente las 65.000 personas en recintos de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Para sostener ese volumen, la administración federal ha recurrido a contratos con empresas privadas de prisiones —sector que ya concentraba el 86 % de los internos de ICE al término del mandato de Joe Biden, según la fuente—, así como a almacenes, antiguos campamentos militares y recintos temporales. Entre estos últimos figuraba el centro conocido como «Alligator Alcatraz», ubicado al oeste de Miami y clausurado en julio.
Que no te lo cuenten: lo que está en juego aquí no es solo logística carcelaria. Es la capacidad del Estado para hacer cumplir su propia ley migratoria. Durante años, la burocracia federal operó con una infraestructura de detención deliberadamente insuficiente: sin camas, sin espacio, sin recursos, la deportación era papel mojado. La licitación actual es la consecuencia directa de tomarse en serio el control de fronteras.
El debate legítimo —costos para el contribuyente, condiciones de los centros, garantías procesales— merece darse con los datos sobre la mesa, no con el relato de que cualquier enforcement es crueldad. La libre empresa proveerá la infraestructura que el Estado necesita. Lo que sigue siendo responsabilidad política es que esa infraestructura funcione con orden, transparencia y rendición de cuentas.
