Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó su arma durante un operativo en Biddeford, Maine, en las primeras horas del lunes 13 de julio. El resultado: Joan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años oriundo de Bucaramanga, murió en el lugar.
Según la versión oficial de la agencia, el conductor del vehículo intentó huir y el agente alegó riesgo para la seguridad pública. El fiscal principal de Maine informó que el agente involucrado fue suspendido mientras avanza la investigación. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, aunque familiares y testigos la identificaron sin ambigüedad.
Lo que sí está documentado: Durán Guerrero tenía autorización laboral y número de Seguro Social. Vivía con su esposa y su hija de tres años en Biddeford, donde trabajaba como repartidor y en una clínica veterinaria, según declaró su padre a CNN. Vecinos y amigos lo describieron como un hombre sin antecedentes criminales ni orden de deportación, versión que contradice los supuestos iniciales del operativo.
La reacción del Gobierno colombiano fue inmediata. La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, exigió a Washington una investigación «pronta, transparente e imparcial» y expresó solidaridad con la familia. La Embajada de Colombia en Washington solicitó explicaciones formales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La familia, por su parte, inició los trámites para la repatriación del cuerpo.
El presidente Gustavo Petro escaló el tono al máximo: calificó el hecho de «asesinato» y afirmó que Durán Guerrero fue muerto «por creerlo un ser inferior y sin derechos». Esa es su lectura política. Los hechos, de momento, están en manos de la fiscalía de Maine y del DHS.
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Aquí hay dos planos que no conviene mezclar. El primero es fáctico: un agente disparó, un hombre murió, y la investigación debe seguir su curso con todas las garantías del debido proceso — exactamente lo que el Estado de derecho exige, sin importar nacionalidad ni estatus migratorio. Si hubo uso excesivo de la fuerza, la justicia americana tiene los mecanismos para determinarlo y sancionarlo.
El segundo plano es el del relato. Petro llegó a la conclusión antes que los investigadores. Eso no es defensa de derechos humanos: es instrumentalización de una tragedia familiar para alimentar una narrativa antiestadounidense que le resulta políticamente rentable en casa. El Gobierno que no garantiza la seguridad de sus propios ciudadanos en Colombia sale a dar lecciones de derechos humanos en Washington. Otra vez la doble vara.
