Según el Departamento de Seguridad Nacional, Lester Noe Perez-Amador, nacional guatemalteco de 27 años, es acusado de haber secuestrado y agredido sexualmente a una niña de 6 años en Washington Borough, Nueva Jersey, en la madrugada del 5 de septiembre.
La agencia dijo que el hombre cruzó la frontera ilegalmente y que, tras ser arrestado por DUI por la policía del condado de Cameron en marzo de 2024, fue entregado a ICE. DHS afirmó que ICE lo liberó luego a la calle.
La policía local encontró y rescató a la niña cuando corría hacia su casa. Según DHS, el sospechoso conocía a la menor. Dentro de las 24 horas posteriores al reporte del crimen, la policía detuvo a Perez-Amador.
Ahora enfrenta cargos de agresión sexual agravada contra una víctima menor de 13 años, conducta sexual que pone en peligro a un niño, secuestro con lesiones corporales y robo con allanamiento en una vivienda. Cardone, fiscal del condado de Warren, dijo que «cuando un niño en nuestra comunidad está en riesgo, la policía responde como uno».
DHS también dijo que presentó un detainer para que las autoridades locales transfieran al acusado a custodia federal y así proceder a su deportación si es liberado. Un portavoz de Seguridad Nacional dijo que buscan sacarlo de las calles y enviarlo de vuelta a Guatemala.
El dato central no es técnico. Es político. Cuando el aparato estatal libera a un acusado y después hay una menor atacada, la burocracia no puede esconderse detrás de formularios ni de excusas. El precio lo pagan las familias, la seguridad pública y la confianza en la ley.
Otra vez la doble vara. Mientras el discurso oficial habla de «gestión» y «procesos», en la calle hay criminales que vuelven a quedar sueltos. El principio en juego es simple: el Estado existe para proteger a los inocentes, no para facilitar el riesgo sobre ellos.
