El senador Charles Grassley (R-Iowa) encendió una nueva bomba en el debate sobre los excesos del aparato judicial federal: el fiscal especial Jack Smith obtuvo mensajes de texto hacia y desde 44 legisladores —incluidos algunos demócratas— como parte de su persecución contra el presidente Trump. Los Archivos Nacionales entregaron esos textos a Smith en agosto de 2023.
Grassley describió la investigación de Smith como «un tren desbocado sin frenos» y acusó al fiscal de haber «pisoteado la Constitución». No es una metáfora menor: la Cláusula de Debate y Discurso de la Constitución garantiza a senadores y representantes que «por cualquier discurso o debate en cualquiera de las Cámaras, no serán interrogados en ningún otro lugar». El Tribunal Supremo, en Doe v. McMillan, explicó que esta inmunidad existe porque «el negocio del Congreso es legislar» y que los congresistas y sus asistentes «son absolutamente inmunes cuando legislan». La protección tiene raíces en la Revolución Gloriosa inglesa de 1689.
Lo que agrava el caso es que los registros internos del DOJ, desenterrados por Grassley, muestran que el propio departamento se preguntó si la cláusula impedía esa vigilancia. La pregunta fue planteada y luego archivada.
Cuando Smith compareció ante el Congreso en diciembre bajo juramento, se le preguntó si había solicitado una orden de registro para el contenido de mensajes de texto de miembros del Congreso. Respondió: «No, no recuerdo eso.» Al preguntársele si se había abstenido de buscar esos textos, respondió: «Correcto.» La fuente señala que eso «no parece haber sido verdad».
El senador Eric Schmitt (R-Mo.) fue más lejos durante las audiencias de confirmación del fiscal general en funciones Todd Blanche, al declarar que «Jack Smith debería ser procesado por mentir al Congreso». Grassley, por su parte, insiste en que Smith «tiene que dar explicaciones» y quiere volver a citarlo.
Mientras tanto, Smith ha salido a los medios a acusar a Trump de haber «corrompido» el DOJ y a proclamar que «no se dejará intimidar», anticipando que podría ser él mismo quien enfrente cargos.
La lectura de Contrafuego es clara. Durante años, el relato oficial presentó a Jack Smith como el guardián imparcial del Estado de derecho frente a un presidente supuestamente fuera de control. Hoy ese relato se cae solo: el mismo fiscal que invocó estatutos del siglo XIX para perseguir a un presidente electo ignoró, según los registros internos de su propio departamento, una de las protecciones más antiguas y absolutas de la Constitución. La burocracia federal no necesita conspiraciones para abusar del poder; le basta con creer que su causa justifica saltarse las reglas.
Que no te lo cuenten: cuando el aparato del Estado decide que alguien debe caer, las garantías constitucionales se convierten en obstáculos administrativos. El verdadero peligro para la democracia no siempre llega desde la política; a veces llega desde quienes se arrogan el monopolio de defenderla.
