La fiscal general de Nueva York, Letitia James, prometió una investigación «plena y justa» sobre las acusaciones de violación colectiva en Cornell. El caso volvió a meterla en el centro del debate porque antes enfrentó señalamientos por presuntamente ignorar advertencias de conducta sexual inapropiada contra su exjefe de gabinete y permitir que renunciara «en silencio», mientras su acusadora, según la demanda, quedaba en la oscuridad.
Las acusaciones contra James surgieron de una demanda presentada en 2022 por su exsubdirectora de prensa, Sofia Quintanar. Un juez de Nueva York desestimó en febrero de 2025 las reclamaciones contra James personalmente y contra la Oficina del Fiscal General. Esa decisión fue confirmada por un tribunal de apelaciones en mayo de 2026.
El caso recibió nueva atención después de que la gobernadora demócrata Kathy Hochul nombrara a James como fiscal especial para investigar una presunta violación en grupo en una fraternidad vinculada a Cornell University, en octubre de 2024.
«Kathy Hochul perdió la fe en el manejo del caso de agresión sexual en Cornell por parte del fiscal local. Así que eligió a Letitia James. ¿Leyó la demanda de Sofia Quintanar, gobernadora?», escribió Sam Antar, investigador de fraude radicado en Nueva York, en X.
Antar añadió: «Usted tiene derecho a cuestionar el manejo de Cornell por parte del fiscal del distrito. Nosotros tenemos derecho a cuestionar el manejo que James hizo de su propia asesora y su decisión de elegir a James para restaurar la confianza pública».
James ya enfrenta pedidos de recusación. Un abogado de uno de los acusados señaló publicaciones en redes sociales que ella hizo días antes de su nombramiento y que, según él, parecían alinearla con la presunta víctima.
«Lo que esta joven ha tenido que soportar es horrible e inaceptable», publicó James en X el 28 de septiembre. «La llevo en mi corazón y en mis oraciones. A ella, y a todos los sobrevivientes: no están solos. Estamos con ustedes».
Andrew Miltenberg, abogado que representa al estudiante acusado Gillio Lopes, presentó el 7 de octubre una petición ante la corte para que James sea apartada del caso. Argumentó que esos comentarios generan dudas sobre si puede evaluar de manera independiente la evidencia y determinar si corresponden cargos penales.
Un portavoz de James dijo a Fox News Digital que «Letitia James siempre ha tomado estos asuntos en serio y ha seguido los hechos y la ley».
Aquí el problema no es solo judicial. Es de confianza institucional. Si la autoridad que debe arbitrar un caso delicado ya llegó con una postura pública sobre el fondo, la percepción de imparcialidad se erosiona sola. Y cuando además reaparece una denuncia previa por cómo manejó acusaciones dentro de su propio entorno, la doble vara queda expuesta.
La lección es incómoda para el aparato estatal: la credibilidad no se decreta, se gana. Que no te lo cuenten. Si James quiere restaurar la confianza, tendrá que demostrar con hechos —no con consignas— que puede aplicar la ley por igual, sin relato y sin favor.
