Un jurado de San Antonio condenó el viernes a un inmigrante ilegal que había sido arrestado y liberado en repetidas ocasiones antes de dispararle al veterano de la Infantería de Marina Jimmy Friesenhahn, quien quedó paralítico tras intentar desarmarlo mientras trabajaba como seguridad en un bar deportivo.
Wilmer Vladimir Ortega Ruiz fue declarado culpable de múltiples cargos de agresión agravada, incluido uno por causar lesiones corporales graves, y podría enfrentar hasta cadena perpetua.
Friesenhahn, entonces de 44 años, trabajaba como guardia de seguridad en El Patio Sports Bar, en San Antonio, en mayo de 2025 cuando encontró una pistola en el bolsillo de Ortega Ruiz durante una requisa. Ortega Ruiz se resistió cuando Friesenhahn intentó confiscar el arma. En el forcejeo, Ortega Ruiz le disparó tres veces, dejándolo paralítico y en una silla de ruedas.
Una lesión en las cuerdas vocales también dejó a Friesenhahn hablando apenas en un susurro. Su familia dijo a The Daily Wire que ha pasado por 15 cirugías desde el tiroteo y que necesitará al menos cinco más en el futuro cercano.
Tras el veredicto, Friesenhahn dijo por teléfono que estaba agradecido por haber enfrentado al agresor. Su hermana, Becky Borjon, dijo que estaba satisfecha con el fallo, pero subrayó que nada borrará el daño sufrido. También condenó lo que describió como la «lenidad» del sistema de justicia penal, que permite a reincidentes como Ortega Ruiz seguir en la calle.
Según fuentes federales de orden público, Ortega Ruiz cruzó ilegalmente la frontera sin ser detectado por las autoridades cuando llegó a Estados Unidos. En octubre de 2020 fue arrestado en San Antonio por conducir ebrio, según registros judiciales. Finalmente quedó libre bajo fianza por propia promesa y no compareció en su audiencia posterior.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bexar después rebajó el cargo por DWI a obstrucción de una vía pública, cargo al que Ortega Ruiz se declaró culpable. Violó su libertad condicional y volvió a ser arrestado en agosto de 2023. Tras pagar una fianza de 1.500 dólares, fue liberado y nuevamente faltó a otra audiencia. Fue arrestado por tercera vez en septiembre de 2023, pagó otra fianza de 1.500 dólares y volvió a ausentarse. En noviembre de 2024 fue arrestado por cuarta vez y sentenciado a tiempo cumplido tres semanas después.
Además, Ortega Ruiz enfrentó cargos federales por ser un extranjero ilegal en posesión de un arma de fuego. ICE también presentó una orden de detención para que las autoridades locales lo transfieran a custodia federal si llega a ser liberado.
Este caso deja al descubierto el precio humano de una burocracia que tolera la reincidencia y luego se sorprende cuando termina en tragedia. No fue un accidente del destino: hubo avisos, arrestos y liberaciones. El relato de la indulgencia judicial se cayó solo.
Y mientras una familia recauda más de 83.000 dólares para el cuidado continuo de Friesenhahn, la pregunta de fondo sigue intacta: ¿quién paga cuando el Estado falla repetidamente en proteger a la gente honesta? En este caso, paga un veterano paralizado. Paga su familia. Y paga también el contribuyente, que termina sosteniendo un sistema que castiga tarde, y mal.
