La nueva reforma en seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ya tiene apoyo político y también elogios desde el mundo jurídico. Marisol Peña, abogada y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, valoró el texto alternativo acordado con senadores de distintos sectores.
El Ejecutivo resolvió no perseverar en el proyecto original tras consensuar una nueva propuesta. La iniciativa es impulsada por los senadores Andrés Longton, Arturo Squella y Pedro Araya, y además recibió el respaldo de Karim Bianchi e Iván Flores.
Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, dijo que le parece «un proyecto muy bien sustentado». Según explicó, interviene solamente tres normas constitucionales, a diferencia de la propuesta original del Gobierno, que planteaba modificaciones a ocho artículos de la Constitución. También destacó que se trata de una propuesta realista y que, en gran medida, recoge observaciones que distintos actores le hicieron al Gobierno.
La abogada también defendió que la nueva fórmula surja del diálogo. A su juicio, en democracia corresponde que haya conversación para perfeccionar las iniciativas y que el Congreso tramite proyectos que generen el mayor consenso posible.
Pero no todo quedó despejado. Peña expresó inquietud por la ampliación de las causales del estado de emergencia hacia el peligro grave desde el punto de vista de la seguridad de la nación. Dijo que la gran novedad del proyecto es introducir la concepción de peligro o amenaza, algo inminente, pero que todavía no ha ocurrido.
A su juicio, eso innova en la lógica normal de los estados de excepción constitucionales. También advirtió que un estado de excepción supone afectar derechos fundamentales.
La señal política es clara: cuando un gobierno debe retroceder y rehacer su propia reforma para lograr apoyo, la burocracia legislativa vuelve a mostrar su costo. El relato de la urgencia no alcanza si el texto original no resiste el examen institucional.
Y hay otro punto de fondo. Toda ampliación de facultades excepcionales merece lupa, porque el poder que se entrega al Estado en nombre de la seguridad rara vez vuelve solo. Que no te lo cuenten: la seguridad importa, pero el orden no puede construirse a costa de debilitar los derechos que dice proteger.
