La decisión anunciada por José Antonio Kast sobre la incorporación de Chile al Escudo de las Américas abrió una discusión inmediata sobre soberanía, control político y rol de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa es impulsada por Donald Trump y, según el propio gobierno estadounidense, busca cooperación en seguridad para combatir el crimen organizado transnacional. Pero también pretende impulsar acuerdos económicos y compromisos políticos en favor de EE.UU.
Trump ha dicho que «esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo, para el cual muchas de nuestras naciones no estaban preparadas».
El problema es que en Chile la letra chica no convence a todos. La oposición sostiene que esto corresponde a un tratado y que, por tanto, requiere aprobación del Congreso. Matías Walker dijo que hay «elementos de la declaración que constituyen el germen de un tratado internacional que debiera ser discutido y ratificado por nuestro Congreso».
Ricardo Montero fue más lejos. Dijo que la participación de Chile es un «gravísimo error» porque limita la soberanía y «distorsiona la función que realizan los militares chilenos». También sostuvo que Chile «hoy no sabe a qué se comprometió».
Paz Zárate, por su parte, afirmó que EE.UU. ha accedido a lo que es, «de facto, una organización internacional para implementar la doctrina Donroe», donde lo primordial sería lo económico.
Del otro lado, Ruggero Cozzi rechazó que se trate de un acuerdo que genere derechos y obligaciones bajo el derecho internacional. A su juicio, se trata de una declaración conjunta, no de un tratado. También planteó que la preocupación de algunos sectores podría deberse a una imprecisión comunicacional de Cancillería al hablar de «adherir».
El punto más sensible sigue siendo el eventual uso de las FF.AA. Desde la oposición advierten que Chile no involucra a sus militares en el combate al crimen organizado ni en operaciones militares en el extranjero. El gobierno, en cambio, niega que la adhesión contemple operaciones militares y la reduce a cooperación e intercambio de información o capacitación.
Francisco Pérez dijo que el Escudo de las Américas «no tiene nada que ver con el uso de fuerzas militares». Pero la propia declaración conjunta de Estados Unidos menciona una moción en la OEA para activar el TIAR, un mecanismo que abre la puerta a cooperación militar y despliegues conjuntos.
La doble vara es evidente: se promete seguridad, pero se dejan preguntas sobre soberanía, competencias del Congreso y límites de la burocracia diplomática. Que no te lo cuenten. Cuando una iniciativa toca a las FF.AA. y compromete al Estado, la transparencia no es un lujo: es una obligación.
Si el gobierno cree que esto no cambia nada, debería explicarlo mejor. Y si sí cambia algo, entonces el Congreso no puede quedar mirando desde la tribuna mientras se amarra a Chile a una arquitectura impulsada por Washington.
