Ken Salazar anunció que regresará a la Ciudad de México el 14 de octubre para «contar su historia». Lo hizo en X, horas después de que Claudia Sheinbaum calificara de «muy interesante» el libro de Andrés Manuel López Obrador.
La visita ocurre en un momento de máxima tensión política por el contenido de esa obra. Según la reseña citada por Infobae, López Obrador acusa al Departamento de Justicia y a agencias estadounidenses de haber «pactado, en forma clandestina y extraterritorial» con los hijos de «El Chapo» para trasladar a Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos. El expresidente califica esa operación de «extrajudicial e intervencionista».
En ese pasaje, el señalamiento no recae sobre Salazar como autor material del supuesto acuerdo, sino como el embajador que entregó el reporte y a quien López Obrador cuestiona. En su publicación, el exembajador no mencionó al expresidente, ni al libro, ni el caso Zambada.
Salazar se definió como ciudadano estadounidense y mexicoamericano, y dijo sentir orgullo de ambas identidades. También afirmó que su familia lleva más de cuatro siglos en esa tierra: primero como parte de España, luego de México y después de Estados Unidos. Su mensaje incluyó la etiqueta a Porrúa, editorial de la versión en español de su libro.
Sheinbaum, por su parte, dijo que debe ser «muy cuidadosa» por su cargo y que López Obrador «puede hablar más» por haber dejado la presidencia. Añadió que la interpretación del expresidente sobre la captura de Zambada es «muy interesante» y que «vale la pena leerlo». También sostuvo que «cuando sé que hay injerencia, lo digo sin problema» y que el principio básico es «el respeto a nuestra soberanía».
La cita que importa no es la pose diplomática ni el ruido de redes. Es la pelea por quién controla la narrativa sobre seguridad, soberanía y responsabilidad estatal. Cuando un exembajador anuncia que volverá a México justo después de que un expresidente lance acusaciones directas contra agencias de Estados Unidos, la burocracia queda expuesta: o hay claridad, o hay encubrimiento de versiones.
Y ahí está el fondo del asunto. Si el gobierno mexicano habla de soberanía, debe sostenerla con hechos y no con frases de ocasión. Porque cada vez que el aparato político prefiere el cálculo al esclarecimiento, el costo lo paga la confianza pública. Que no te lo cuenten.
