Letitia James salió golpeada de su debate con la republicana Saritha Komatireddy, quien llegó preparada y convirtió la noche en un ajuste de cuentas sobre seguridad, orden y aplicación de la ley en Nueva York.
Komatireddy acusó a James de haber respaldado leyes de fianza laxas que impiden a los jueces fijar fianza en muchos casos. Dijo que «las leyes están rotas y Letitia James las rompió», y sostuvo que hace falta devolver a los jueces la discreción para evaluar la «peligrosidad» de un acusado antes de decidir si queda libre mientras espera juicio.
La republicana también usó el caso de un agente del NYPD que, según dijo, fue apuñalado 10 veces en el pecho por dos migrantes indocumentados con antecedentes por armas y robo. A eso sumó críticas por el aumento del antisemitismo y por lo que describió como una respuesta débil de la fiscal general ante los delitos de odio contra judíos.
James, por su parte, evitó entrar de lleno en varias de las preguntas. Cuando le pidieron defender sus leyes de fianza, desvió la discusión hacia Donald Trump y dijo que su rival estaba respaldada por el presidente de Estados Unidos, a quien acusó de cortar fondos para servicios de crisis de salud mental en Nueva York.
El choque también se trasladó al caso de abuso sexual en Cornell. Komatireddy sostuvo que James «arruinó» ese expediente antes de ser nombrada fiscal especial. James respondió hablando de empatía, no de resultados.
Otro frente fue Medicaid. Komatireddy dijo que la unidad de control de fraude de James solo recupera 19 millones de dólares al año en sanciones y logra ocho condenas, frente a los 250 millones y 100 procesamientos de antes. James replicó que su oficina está concentrada en operadores de mayor nivel, como las empresas de asilos.
La republicana tampoco dejó pasar el balance de armas. Cuestionó que James presumiera la incautación de 10,000 armas ilegales en ocho años. Dijo que Nueva Jersey confiscó 16,000 en un año.
En el metro, James defendió el tratamiento ambulatorio y las camas psiquiátricas. Komatireddy prometió crear una «Oficina de Compromiso Civil» para sacar de la calle a personas que representen un peligro para sí mismas o para otros.
La pelea dejó algo claro: el debate ya no gira solo sobre partidos. Gira sobre si el Estado hace cumplir la ley o si se esconde detrás de consignas, burocracia y excusas. Y en Nueva York, esa diferencia ya le está costando demasiado al contribuyente y al ciudadano común.
