La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró que las personas sin hogar consumen metanfetamina «para mantenerse despiertas y protegerse en las peligrosas calles de la ciudad». La frase no pasó inadvertida.
No es compasión. Es la coartada perfecta para seguir financiando un sistema que no funciona.
Los angelinos llevan años depositando miles de millones de dólares en servicios para personas sin hogar. El resultado visible: tiendas de campaña, mercados de droga al aire libre y aceras intransitables. Según los datos que cita la propia Bass, el recuento de personas sin techo cayó un 17,5% en dos años. Pero las cifras globales siguen siendo más altas que antes de la pandemia y el campamento callejero sigue siendo una realidad cotidiana.
El programa Inside Safe, buque insignia de la alcaldesa, trasladó a miles de personas a alojamientos temporales con cargo al erario. Según información publicada por el New York Post, alrededor del 40% regresó a las calles.
Mientras tanto, la popularidad de Bass se desploma. Sondeos recientes la sitúan con una aprobación de entre el 32% y el 36%, frente a una desaprobación que oscila entre el 57% y el 66%. No es un accidente estadístico: es la factura de años de gestión ideológica sobre gestión efectiva.
Llamar a la metanfetamina «herramienta de protección» no rescata a nadie. Lo que hace, según el análisis del comentarista político Richie Greenberg en el New York Post, es darle cobertura política a quienes diseñan estos programas para seguir gastando sin exigir sobriedad ni resultados. La metanfetamina de alta pureza, apunta la misma fuente, genera psicosis, paranoia y estados de insomnio crónico que destruyen cualquier posibilidad real de recuperación.
A este escenario se suman los incendios de Palisades y Eaton, y un déficit presupuestario que roza los mil millones de dólares. Familias trabajadoras pagan alquileres desorbitados mientras el ayuntamiento subvenciona alojamientos provisionales con resultados inciertos. Los robos, los destrozos y el desorden completan el cuadro.
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Esto no es una anécdota de política municipal californiana. Es el modelo progresista en su versión más descarnada: gasto récord, retórica de empatía y cero rendición de cuentas. Cuando el aparato estatal convierte el fracaso en argumento para pedir más presupuesto, el contribuyente pierde dos veces: primero en la billetera, luego en la seguridad de su barrio.
La doble vara es inocultable. La misma clase política que exige austeridad al ciudadano de a pie lleva años quemando dinero público en programas que, por sus propios números, no sacan a nadie de la calle de forma permanente. Que no te lo cuenten: la crisis de Los Ángeles no es falta de fondos. Es falta de exigencia.
