Seis meses le bastaron a Helena Moreno para dejar claro de qué lado está. La alcaldesa demócrata de Nueva Orleans —nacida en Xalapa, México, el 30 de septiembre de 1977— usó la conferencia anual de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) para declarar que la comunidad migrante atraviesa «tiempos realmente difíciles» y para rechazar públicamente la Operación Catahoula Crunch.
Esa operación, coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), apuntaba específicamente a, según la propia descripción oficial citada en las fuentes, «inmigrantes ilegales con antecedentes penales». No a familias trabajadoras. No a vecinos de buena conducta. A personas con historial delictivo. El matiz le importa poco a Moreno.
«Cuando fuimos objeto de la llamada operación Catahoula Crunch, me reuní con la comunidad empresarial y con líderes religiosos para decirles: 'Abran los ojos. ¿Por qué esto sería realmente bueno para alguien?'», declaró la alcaldesa al diario El País. Su argumento: las redadas generaban «consecuencias económicas para la ciudad».
Luego subió la apuesta retórica. «Hay quienes buscan intimidar a determinadas comunidades. Y mi responsabilidad como alcaldesa es hacer todo lo que esté a mi alcance para defenderlas y protegerlas», afirmó. Llamar «intimidación» a la aplicación de la ley federal contra extranjeros con antecedentes penales es, como mínimo, una elección política deliberada.
El perfil de Moreno no es el de una activista improvisada. Hija de un ejecutivo petrolero mexicano y de una académica estadounidense, llegó a Houston a los ocho años, estudió Periodismo y Comunicación de Masas en la Southern Methodist University (SMU) de Dallas, hizo una pasantía en la oficina de la Primera Dama en Washington D.C. y ganó un Emmy por su cobertura del huracán Katrina en 2005 como reportera de WDSU-TV. Conoce perfectamente cómo se construye un relato.
Y el relato que construye hoy es este: el gobierno federal es el agresor, las comunidades migrantes —sin distinción de estatus legal ni historial— son las víctimas, y el ayuntamiento de Nueva Orleans es el último bastión de protección. Eso puede funcionar muy bien en un panel de periodistas hispanos. Funciona peor cuando los vecinos de Nueva Orleans preguntan quién responde por la seguridad pública.
Aquí está el principio en juego: una alcaldesa no puede escoger qué leyes federales acata según su conveniencia electoral. El orden jurídico no es un menú. Cuando un funcionario electo convierte el aparato municipal en obstáculo para operaciones dirigidas contra criminales con antecedentes, no está defendiendo derechos: está apostando la seguridad de sus propios ciudadanos en una partida identitaria. Nueva Orleans merece un debate honesto sobre eso, no otro discurso de tribuna.
