California podría perder hasta 58,000 empleos y más de $21 mil millones anuales si Paramount cumple su amenaza de mover su sede y sus operaciones fuera del estado, según un análisis económico preliminar citado por The New York Post.
El informe, elaborado por el Institute for Applied Economics de la Los Angeles County Economic Development Corp., analiza el impacto de una eventual salida de Paramount en medio de su batalla antimonopolio por la compra de Warner Bros. Discovery. El estudio estima una pérdida permanente de entre 28,990 y 57,980 empleos de tiempo completo en todo el estado, incluyendo puestos directos y trabajo sostenido por proveedores y gasto de los hogares.
También proyecta una caída de entre $10.6 mil millones y $21.2 mil millones en producción económica anual, además de una merma de entre $585 millones y $1.17 mil millones en ingresos fiscales estatales y locales cada año.
La presión sube porque Paramount enfrenta un calendario que aprieta. El acuerdo con WBD prevé pagos adicionales a los accionistas si el trato se cierra después del 30 de septiembre, mientras el reporte calcula que los llamados ticking fees rondarían los $7 millones diarios desde el 1 de octubre.
Paramount, según el análisis, ha indicado que podría verse obligada a trasladar su sede y miles de empleos a partir del 1 de octubre, con opciones potenciales en Georgia, Tennessee o Texas. A la vez, la empresa ofreció garantizar 30 estrenos teatrales al año del grupo combinado como parte de su intento por resolver el conflicto.
El estudio de LAEDC también plantea un escenario más acotado: si Paramount recorta su gasto en California para compensar cerca de $1.88 mil millones en costos y comisiones ligados a la fusión, el estado podría perder entre 550 y 1,110 job-years al año y entre $202.7 millones y $405.4 millones en producción anual durante cinco años.
Del otro lado, la oficina de Rob Bonta defendió la demanda y sostuvo que «la aplicación firme de las leyes antimonopolio es esencial» y que cuando las empresas crean un monopolio y usan ese poder para salirse de la negociación, «eso perjudica nuestra economía». También afirmó que California es «la cuarta economía más grande del mundo y el mejor lugar para hacer negocios».
Pero el dato duro sigue ahí: cuando la burocracia y la guerra regulatoria empujan a una empresa a mirar afuera, el golpe no lo paga la casta política. Lo pagan los trabajadores, los proveedores y los contribuyentes.
Otra vez la doble vara. Se habla de proteger la competencia, pero el costo potencial es una fuga de inversión, empleo y recaudación. Que no te lo cuenten: cuando el aparato estatal convierte una disputa corporativa en una amenaza para miles de familias, el relato se cae solo.
