Un conductor del Bronx recibirá $10.5 millones de la Port Authority de Nueva York y Nueva Jersey luego de que un fragmento de suspensión de camión —24 pulgadas de acero— atravesara su parabrisas y le fracturara el cráneo mientras cruzaba el puente George Washington el 2 de marzo de 2020. Así lo documentan los papeles judiciales del caso, presentado en agosto de ese año ante un tribunal de Essex, Nueva Jersey.
Joseph Rosario, entonces de 28 años, fue trasladado de emergencia al Hackensack Meridian Health, donde debió someterse a múltiples cirugías cerebrales. Sufrió fractura de cráneo e inflamación cerebral severa. Hoy se desplaza en silla de ruedas y depende de sus padres para sus cuidados básicos, según su abogado Ed Capozzi.
«Que haya sobrevivido es un milagro», declaró Capozzi a NJ.com.
El equipo legal rastreó cámaras de tablero y decenas de registros de video de la propia Port Authority para determinar cuánto tiempo llevaba el objeto en la calzada. La conclusión: al menos diez minutos antes del impacto, con conductores que ya lo esquivaban y cambiaban de carril. Pero el problema era más profundo: la agencia no había realizado su rutina de limpieza del puente en cinco días previos al accidente. Según Capozzi, la Port Authority recoge el equivalente a cuatro camionetas de escombros en cada recorrido diario —y simplemente no lo hizo.
La investigación también reveló 12 incidentes documentados de vehículos golpeados por escombros en el mismo puente. «Y esos son los que conocemos», advirtió el abogado.
El acuerdo por $10.5 millones se alcanzó el 17 de junio. La Port Authority no respondió a las solicitudes de comentario.
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Que no te lo cuenten. Una agencia gubernamental que cobra peajes millonarios para «operar y mantener» una de las infraestructuras más transitadas del mundo no encontró tiempo para limpiar su calzada durante cinco días. El resultado: un hombre de 28 años en silla de ruedas de por vida y $10.5 millones que, en última instancia, salen del bolsillo del contribuyente y del usuario.
Esto es lo que ocurre cuando el monopolio estatal sustituye a la responsabilidad real: no hay competencia que discipline, no hay incentivo para actuar antes de que la negligencia escale a tragedia. La burocracia caminó el puente una vez al día —cuando le convenía— y luego presentó la factura a todos los demás. Rosario pagó el precio más alto. El resto lo pagamos nosotros.



