La Cámara de Representantes aprobó esta semana el Sunshine Protection Act con 308 votos a favor y 117 en contra. El proyecto eliminaría el cambio de hora dos veces al año y fijaría de manera permanente el horario de verano en todo el territorio estadounidense.
Si la ley entra en vigor, se acabó el «spring forward» de marzo y el «fall back» de noviembre. Sin excepciones. Sin relojes que ajustar. Sin lunes de resaca horaria.
El representante republicano Vern Buchanan, de Florida, uno de los patrocinadores principales, fue directo: «Las encuestas muestran que dos tercios de los estadounidenses quieren liberar el reloj. Mi proyecto es simplemente una solución para hacer permanente el horario de verano. Permitir una hora extra de luz solar por la tarde da a las familias más tiempo para actividades deportivas al aire libre y para la escuela».
Su colega Gus Bilirakis, también republicano de Florida, añadió: «¿Por qué obligamos a familias, empresas y comunidades a ajustar sus horarios cada primavera y otoño? El cambio de hora dos veces al año es una reliquia del pasado que ya no refleja la forma en que viven los estadounidenses».
Técnicamente, la ley no crea ni destruye luz solar. El sol saldrá y se pondrá exactamente igual. Lo que cambia es la etiqueta que el gobierno pone sobre esas horas. Lo que hoy llamamos las 7 p.m. bajo horario de verano es lo que bajo horario estándar sería las 6 p.m. Misma luz, distinto número en el reloj.
El voto fue ampliamente bipartidista, lo que en el Congreso actual es casi una rareza arqueológica. La pelota pasa ahora al Senado, donde iniciativas similares han muerto antes sin llegar a votación.
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Que no te lo cuenten. Esta es una de las pocas ocasiones en que el aparato legislativo federal propone quitarle algo al Estado en lugar de añadirlo: una regulación burocrática que obliga a millones de personas y empresas a reorganizar sus vidas dos veces al año, sin beneficio demostrable para el ciudadano común.
El libre mercado lleva décadas absorbiendo el costo oculto del cambio de hora: productividad perdida, accidentes de tráfico en los días posteriores al ajuste, disrupciones en cadenas logísticas y en el sueño de niños y trabajadores. Eliminar esa intervención estatal sobre el tiempo —literal y figuradamente— es exactamente el tipo de desregulación silenciosa que no genera titulares grandiosos pero sí mejora la vida cotidiana. Si el Senado deja morir el proyecto otra vez, la pregunta es sencilla: ¿a quién le conviene mantener el caos dos veces al año?
