Las presuntas grabaciones atribuidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya ocupan el centro de la agenda política nacional. Según la fuente, el contenido que se les atribuye sugiere que la funcionaria habría estado dispuesta a entregar información privilegiada a autoridades estadounidenses. El supuesto objetivo: recuperar su visa y el acceso a cuentas bancarias.
El daño político ya está hecho. Eso lo reconoce hasta el columnista de El Financiero que analiza el caso. La autenticidad de los audios es secundaria. Lo que importa es lo que revelan sobre el sistema.
Palacio Nacional optó por cerrar filas. La narrativa oficial insiste en que todo es una conspiración política. Ese argumento se sostiene cada vez con menos convicción. Según el análisis publicado en El Financiero, esa explicación «comienza a perder fuerza incluso entre sectores que tradicionalmente respaldan al oficialismo».
No es un caso aislado. La misma fuente enumera nombres que han aparecido vinculados a investigaciones en Estados Unidos: el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; y también Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Mario Delgado y Adán Augusto López. Todos mencionados en distintos momentos del debate político. Ninguna responsabilidad penal acreditada en México hasta ahora. Pero el desgaste político, dice la fuente, «resulta inocultable».
En la Comisión Permanente del Congreso, la oposición subió el tono. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron la separación inmediata de la gobernadora. Algunos plantearon que, de comprobarse el contenido de las grabaciones, podrían configurarse delitos tan graves como traición a la patria. Morena respondió con el argumento de siempre: campaña de desprestigio.
La relación bilateral con Estados Unidos ya atravesaba uno de sus momentos más tensos en materia de cooperación contra el crimen organizado. Este episodio no ayuda. Según el análisis, la estrategia de cerrar filas podría «terminar produciendo el efecto contrario al deseado».
Que no te lo cuenten. El relato de la Cuarta Transformación se construyó sobre una promesa: acabar con la corrupción del viejo régimen. Hoy el aparato estatal defiende a funcionarios señalados por autoridades extranjeras mientras descalifica a quienes preguntan. Eso no es combate a la corrupción. Es protección de cuadros políticos con dinero público y capital institucional del Estado mexicano.
La oposición tiene un filón de cara a 2027. Pero el problema de fondo no es electoral. Es que una parte creciente de la opinión pública ya asumió que el gobierno protege a los suyos sin importar las dudas. En política, como en cualquier contrato, llega un momento en que sostener lo indefendible cuesta más que asumir responsabilidades. Morena todavía no llegó a ese momento. O no quiere llegar.
