Joe Biden perdió. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes su intento de bloquear la publicación de grabaciones de audio y transcripciones de sus entrevistas con su biógrafo de larga data, Mark Zwonitzer, quien escribió la memoria de Biden de 2017, «Promise Me Dad».
El tribunal, dividido, dictaminó que los alegatos de privacidad del expresidente no superaban el «sustancial» interés público en el material. La decisión quedó suspendida hasta el 3 de agosto para que Biden evalúe acciones adicionales.
Las grabaciones formaron parte de la investigación del fiscal especial Robert Hur sobre el manejo ilegal de documentos clasificados. En su informe de febrero de 2024, Hur documentó que Biden mostró «facultades disminuidas y memoria defectuosa», y describió las conversaciones como «dolorosamente lentas, con Biden luchando por recordar eventos».
Hur decidió no presentar cargos, en parte porque consideró que Biden se presentaría ante un jurado como «un hombre mayor, simpático y bien intencionado, con mala memoria». Una salida que muchos leyeron como un rescate político, no una absolución jurídica.
La Fundación Heritage demandó al Departamento de Justicia en marzo de 2024 bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener los materiales. Biden argumentó que el material no estaba sujeto a FOIA por ser propiedad personal. El tribunal rechazó ese argumento: el material «quedó sujeto al mandato de divulgación de FOIA cuando el fiscal especial lo obtuvo como parte de su investigación».
El tribunal también determinó que Biden no demostró evidencia suficiente de que sufriría «daño irreparable» si el material se publicaba.
La opinión mayoritaria fue firmada por el juez principal del Circuito D.C., Sri Srinivasan —nombrado por Barack Obama— y el juez Gregory Katsas, designado por el presidente Trump. La única disidente fue la jueza Florence Pan, designada por Biden, quien argumentó que el expresidente tenía un «interés de privacidad sustancial» en mantener los registros bajo llave.
Que no te lo cuenten. Durante meses, el aparato demócrata construyó el relato de que las dudas sobre la capacidad cognitiva de Biden eran fabricaciones de la derecha. Ahora, un tribunal bipartidista —con un juez nombrado por Obama en la mayoría— ordena que el público escuche con sus propios oídos lo que el fiscal especial ya documentó por escrito. El relato se cayó solo. Lo que viene en esos audios no es oposición política: es el registro de un hombre que no recordaba eventos fundamentales de su propia vida mientras ejercía el poder más alto del mundo. El ciudadano tiene derecho a saberlo. Siempre lo tuvo.
