La Corte Suprema llamó a audiencia para el 19 de octubre a las 14.00 horas. Allí escuchará a los ministros y ministras de cortes de apelaciones que postulan al cargo vacante por el cese de funciones de Diego Simpertigue.
Los y las postulantes deberán exponer de forma presencial o telemática sobre una de las temáticas fijadas para esa instancia. Después de la audiencia pública, los ministros en ejercicio del máximo tribunal votarán para elaborar una lista de cinco nombres que se presentará al Ejecutivo.
Luego, el Presidente José Antonio Kast deberá elegir uno de esos nombres y proponer su nombramiento al Senado. Es el mecanismo que queda en pie para llenar el cupo que dejó Simpertigue.
El trasfondo del caso no es menor. En diciembre del año pasado, el Congreso puso fin a la carrera de cuatro décadas de Simpertigue en el Poder Judicial por la llamada trama bielorrusa.
Además, el 12 de noviembre de 2025, una publicación de Reportea dio cuenta de que Simpertigue, que en dos ocasiones votó por Belaz Movitec en su litigio con Codelco, se fue a un crucero por Europa junto al abogado de la empresa favorecida e imputado en el caso Eduardo Lagos.
Dos semanas después de esa publicación, los entonces diputados del Partido Socialista Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron la acusación constitucional contra Simpertigue por la causal de «notable abandono de deberes».
La Corte mueve ahora la pieza siguiente. Pero el caso deja una señal incómoda para el Poder Judicial: cuando la confianza pública ya está golpeada, cada nombramiento pesa el doble. No basta con cubrir una vacante. Hace falta recuperar credibilidad, porque la burocracia judicial no puede seguir administrando sospechas como si fueran trámite.
Otra vez la doble vara. El sistema exige solemnidad para nombrar jueces, pero tarda años en reaccionar cuando el daño ya está hecho. Que no te lo cuenten: lo que está en juego no es solo un cupo, sino la legitimidad de una institución que vive del respeto a sus fallos.
