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La Corte Suprema confirma juicio contra Arturo Char por compra de votos en el Atlántico

La Sala de Instrucción rechazó el recurso de la defensa y dejó en firme la acusación. El expediente pasa ahora a juicio formal.
Imagen ilustrativa
domingo 12 de julio de 2026

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char Chaljub. Los cargos: concierto para delinquir y corrupción al sufragante. La defensa intentó revertir la decisión adoptada en diciembre del año pasado. No lo logró.

El expediente pasa ahora a la Sala Especial de Primera Instancia. Esa sala será la encargada de adelantar el juicio.

La investigación apunta a una organización dedicada a la compra de votos en el Atlántico. Según la Corte, esa estructura habría operado durante las elecciones de octubre de 2017. El esquema se habría coordinado desde la sede política conocida como Casa Blanca, ubicada en Barranquilla.

El caso conecta directamente con el escándalo de la excongresista Aída Merlano. La Corte determinó que Merlano torció la voluntad de los votantes y consiguió una elección ilegítima en 2018. El tribunal señaló que su «organización política» mutó en una organización ilegal. Funcionarios públicos y particulares, según el fallo, habrían garantizado su elección el 11 de marzo de ese año.

La Corte también estableció que Merlano aprovechó su condición de representante a la Cámara y candidata al Senado con el apoyo del llamado «Clan Gerleín». Eso le habría permitido, según el tribunal, «confabularse con reconocidos empresarios, políticos del más elevado nivel y con otros con influencia regional, para aprovechar los recursos públicos de orden municipal en su beneficio». Merlano terminó presa. Luego se fugó.

Ahora Char, figura del clan político conocido como la «Casa Char» de Barranquilla, tendrá que responder por su papel en ese mismo entramado.

Que no te lo cuenten. Esto no es una acusación menor ni un expediente burocrático. Es un juicio formal por comprar votos. Por convertir el sufragio en mercancía. El daño no es solo legal: es al principio básico de que los resultados electorales reflejan la voluntad ciudadana, no la billetera de una red política. Colombia lleva años tolerando que ciertas casas regionales operen como feudos. La Corte, al menos en este caso, no miró para otro lado. El relato de la impunidad se cayó solo.

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