En enero de 2023, Alexee Trevizo llegó al Artesia General Hospital con fuertes dolores de espalda. Ocultaba su embarazo. Estaba en pleno trabajo de parto.
Salió corriendo de su habitación hacia un baño del pasillo. Su madre esperó afuera más de veinte minutos. Cuando una enfermera abrió la puerta, encontró a Trevizo limpiando sangre del suelo. Un conserje descubrió después a un bebé varón recién nacido, sin vida, dentro de la basura.
La Oficina de Investigación Médica de Nuevo México determinó que la muerte fue un homicidio.
Trevizo fue grabada en cámara de seguridad entrando y saliendo del baño. También fue grabada en bodycam policial confesando los hechos. «Lo siento, salió de mí. No supe qué hacer», se la escucha decir. «Tuve miedo», agregó. Le dijo a las enfermeras que el bebé «no lloraba ni nada».
Esa confesión ya no puede usarse en el juicio. La Corte Suprema de Nuevo México votó el jueves de forma unánime para excluirla. También excluyó los videos de seguridad y las grabaciones de bodycam. El argumento: confidencialidad médico-paciente.
El tribunal sostuvo que la doctora Heather Vaskas ingresó a la habitación de Trevizo «sin autorización», acompañada de dos agentes armados, y divulgó información médica sin previo aviso. Según la opinión redactada por el juez Michael E. Vigil, Trevizo no tuvo oportunidad de pedir que salieran del cuarto antes de que su médica hablara. Estaba además en una «condición médica comprometida». Por eso, el tribunal concluyó que no hubo renuncia voluntaria al privilegio médico-paciente.
Los fiscales habían argumentado que las declaraciones ocurrieron frente a los policías, no directamente a ellos. Que por eso no era necesario leer los derechos Miranda. El tribunal rechazó ese razonamiento.
Trevizo tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos. Fue imputada por asesinato en primer grado el 10 de mayo de 2023. Salió libre sin tobillera electrónica ni arresto domiciliario. Fue al baile de graduación. Ingresó a la Universidad Estatal de Nuevo México. Más de 30,000 personas firmaron una petición para expulsarla del campus.
El juicio sigue sin fecha. Los fiscales llevan años peleando por el derecho a usar las pruebas. Siguen perdiendo esa pelea.
Que no te lo cuenten. Un sistema judicial que protege la confidencialidad médica tiene sentido. Pero cuando esa doctrina borra la única evidencia directa de la muerte de un recién nacido, algo falla. No en la norma abstracta: en cómo se aplica para vaciar un caso de homicidio. El bebé no tenía privilegio que invocar. Eso también es un hecho.
