La Corte Suprema entra en la disputa electoral de Arizona. Escuchará argumentos orales en diciembre. El caso se llama RNC v. Mi Familia Vote.
El centro del litigio son dos leyes estatales. Una exige prueba de ciudadanía al registrarse para votar. La otra ordena eliminar del padrón a los no ciudadanos dentro de los 90 días previos a una elección.
El Noveno Circuito falló en contra de Arizona. Calificó las leyes como «supresión de votantes». Ahora la Corte Suprema deberá determinar si esas normas violan la Ley Nacional de Registro de Votantes.
Tres organizaciones presentaron un escrito amicus el jueves. Son el Center for Election Confidence, Restoring Integrity and Trust in Elections y Honest Elections Project. Su argumento es directo: el fallo del Noveno Circuito es «absurdo».
Según el escrito, el Congreso puede regular la mecánica de las elecciones federales. Pero son los estados los que fijan y aplican los requisitos para votar. Esa autoridad, dicen, queda vacía si un estado no puede verificar la ciudadanía ni depurar su propio padrón.
Justin Riemer, presidente de Restoring Integrity and Trust in Elections, lo resumió en un comunicado a Fox News Digital. «La ciudadanía es un requisito para votar. Si los estados van a exigirlo, deben poder verificarlo», dijo. Agregó que cuando las autoridades detectan no ciudadanos en el padrón, deben poder actuar antes de una elección, no después. Riemer se mostró confiado en que la Corte revertirá el fallo del Noveno Circuito.
Los expertos electorales que respaldan a Arizona advierten sobre la consecuencia práctica de una derrota. Si el fallo del Noveno Circuito se confirma, dicen, sería imposible retirar del padrón a no ciudadanos, a menores o a personas ficticias. El padrón quedaría atado de manos frente a cualquier irregularidad detectada antes del día de la votación.
El caso llega en un momento de tensión nacional sobre integridad electoral. Otros episodios recientes alimentan el debate: un ciudadano hondureño fue acusado de fraude electoral en California tras registrarse bajo un alias. También hay denuncias de un no ciudadano detenido por fraude en un estado clave.
El fondo del asunto es sencillo, aunque se lo quiera envolver en tecnicismos. Un estado que no puede exigir ni verificar prueba de ciudadanía no controla su propio padrón. Llamar «supresión» a pedir un documento de identidad es, otra vez, la doble vara de siempre: exigencias mínimas se convierten en escándalo solo cuando incomodan al relato progresista sobre el voto.
Si la Corte Suprema respalda a Arizona, sienta un precedente claro: los estados retienen la autoridad para fijar quién puede votar y para depurar sus registros. Que no te lo cuenten como un ataque a derechos. Es, simplemente, la defensa de una elección donde cada voto vale porque cada votante es quien dice ser.
