La Corte Suprema de Estados Unidos inició su nuevo término el lunes con los alegatos orales en Suncor v. Boulder, un caso que pone sobre la mesa si las leyes estatales de responsabilidad civil pueden usarse para pedir daños a empresas petroleras por el cambio climático, incluso cuando los supuestos perjuicios ocurren fuera del estado o del continente.
También deberá resolver si tiene jurisdicción para ver el caso ahora, porque todavía está pendiente ante la Corte Suprema de Colorado.
El expediente llega al alto tribunal en una postura procesal inusual. Eso abre la posibilidad de que los jueces lo cierren por una cuestión de procedimiento sin llegar al choque de fondo entre poder estatal y federal.
Ahí está la pelea real. Colorado quiere usar sus propias leyes para buscar daños por emisiones generadas en otros estados. Del otro lado, la discusión es si ese terreno corresponde al gobierno federal y al Congreso.
Según Carrie Severino, presidenta de JCN, las preguntas repetidas de Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor sobre la jurisdicción muestran que las juezas liberales buscan un «escape hatch». Hans von Spakovsky, asesor jurídico principal de Advancing American Freedom, dijo que esas preguntas reflejan un intento de encontrar una salida antes de que se vote el fondo del asunto.
Jackson señaló que el caso podría haber llegado demasiado pronto y lo calificó como «premature from the standpoint of this court exercising its jurisdiction». También preguntó varias veces por qué la Corte no podía esperar a escuchar el caso completo y sostuvo que el tribunal no tiene «todo el conjunto de hechos» ni sabe lo suficiente para estar seguro de que las teorías planteadas aplican.
Fuera de la Corte, manifestantes climáticos se reunieron antes de los alegatos.
Si este caso avanza, no solo estará en juego una disputa legal entre Colorado y las petroleras. También puede quedar abierta una vía para que la burocracia judicial y estatal empuje costos nuevos sobre empresas y consumidores en todo el país.
Otra vez la doble vara: para unos, el Estado debe esperar y respetar el procedimiento. Para otros, el aparato regulatorio puede estirarse hasta convertir una demanda local en presión nacional sobre la energía, la inversión y la libre empresa. Que no te lo cuenten.
