La Sala de Instrucción de la Corte Suprema no va a definir todavía la situación jurídica de la senadora Martha Peralta. La magistrada Cristina Lombana retiró el proyecto con el que se decidiría si se le imponía una medida de aseguramiento. Resultado: Peralta sigue libre.
La senadora está investigada por concierto para delinquir, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Todo dentro del escándalo de la UNGRD. El expediente señala que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría encargado al exdirector de la entidad, Olmedo López, conseguir apoyos para la reforma pensional. El método, según la investigación: contratos a congresistas de la Comisión Séptima del Senado.
La Corte indaga si el 13 de junio de 2023 López y Peralta habrían acordado impulsar proyectos desde la UNGRD para favorecer a miembros de esa comisión. También investiga si Peralta habría actuado como enlace entre parlamentarios de la coalición de Gobierno y la asignación de contratos y cuotas burocráticas. El expediente agrega que la senadora presuntamente solicitó la contratación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios y promovió la vinculación de allegados a su estructura política en Maicao, La Guajira.
Peralta ya había sido conducida por orden de la Corte tras aplazar en dos ocasiones su diligencia de indagatoria. Rindió testimonio. La dejaron ir. El 22 de junio firmó un compromiso ante la magistrada Lombana: asistir a todas las citaciones, informar cambios de residencia, mantener datos de contacto actualizados y no obstaculizar la investigación. La Corte advirtió que el incumplimiento podría acarrear una nueva conducción policial.
Si la Sala no acoge la ponencia de Lombana, el proceso avanzará hacia la definición de fondo: si Peralta es llamada a juicio o no.
Esto es lo que hay. Una senadora investigada por comprar votos con dinero público sigue en ejercicio. Su garantía de comparecencia es su propia firma. El aparato estatal que supuestamente se movilizó para sostener las reformas de Petro en el Congreso sigue siendo investigado, pero sin un solo detenido de peso. Que no te lo cuenten: cuando el relato oficial habla de «reformas populares», el expediente habla de contratos, cuotas burocráticas y 23 órdenes de prestación de servicios. El precio de los votos lo pagaron los contribuyentes colombianos. La cuenta judicial, por ahora, no la paga nadie.
