La Corte Suprema de Estados Unidos comienza su nuevo término el lunes y ya tiene sobre la mesa una lista de casos que tocan armas, libertad religiosa, detención migratoria y límites del poder de gobierno.
Entre ellos destaca Suncor Energy v. Commissioners of Boulder County. Boulder, Colorado, demanda a Suncor y ExxonMobil en tribunal estatal bajo la ley de responsabilidad civil de Colorado. Busca daños enormes por los efectos del cambio climático global. En otras palabras: quiere castigar a compañías por emisiones en todos los estados y en todo el mundo.
La demanda no es un caso aislado. Docenas de estados y ciudades han presentado pleitos parecidos. Un abogado externo del equipo legal de Boulder ha descrito esa litigación climática como un «impuesto al carbono» de facto. También reconoció que podría subir los precios de los combustibles fósiles y empujar a empresas energéticas a la bancarrota.
El otro caso de Colorado también expone la hipocresía del aparato estatal. St. Mary Catholic Parish v. Roy gira en torno a un programa que prometió preescolar gratuito a las familias, en la escuela de su elección, pública o privada. Después dejó fuera a los preescolares católicos porque apoyan la enseñanza de la Iglesia sobre sexo y género.
Según el material citado por las escuelas católicas, el director del programa dijo en una hipótesis que un preescolar participante podría buscar preferencias para «niños no conformes con el género» o miembros de la «comunidad LGBTQ», siempre que esa preferencia cumpliera con el requisito de no discriminación del programa.
La Corte también verá si la ley federal bloquea estas reclamaciones climáticas. Y revisará si tiene jurisdicción estatutaria y bajo el Artículo III para conocer el caso. El propio planteamiento del tribunal importa porque, durante más de un siglo, ha tratado las emisiones que cruzan fronteras estatales como un asunto federal.
Ese punto no es técnico. Es de poder. Si un estado puede castigar conductas fuera de sus fronteras, entonces ya no hablamos de federalismo. Hablamos de una clase política que usa a los tribunales para rehacer el país a su gusto.
Y si Colorado puede prometer libertad de elección en la educación y luego excluir a escuelas católicas por su doctrina, la doble vara queda al descubierto. Una cosa es repetir el lenguaje de inclusión. Otra muy distinta es respetar la libertad religiosa cuando deja de convenirle a la burocracia.
Que no te lo cuenten. Aquí no solo se juegan cinco casos. Se juega si la Corte frena la expansión del poder estatal o si la casta política seguirá usando jueces, demandas y regulación para imponer su relato por encima de la Constitución.
