La cultura de la cancelación no desapareció. Solo cambió de forma.
En semanas recientes, una directora ejecutiva de una cooperativa de crédito en Michigan perdió su empleo después de publicar una foto familiar con sudaderas de «Lake America» generadas con inteligencia artificial. Los Portland Trail Blazers contrataron a Braiden Bell, de 29 años, como nuevo narrador de jugada por jugada, y lo despidieron horas después cuando reaparecieron mensajes «ofensivos» que había escrito de adolescente. Kelly Carnes, directora ejecutiva de Baltimore Rock Opera Society, también fue despedida tras la reacción adversa por usar trenzas africanas en Burning Man.
En Pittsburgh, un bar LGBTQ canceló su próximo evento después de que un artista drag fuera acusado de blackface. El local recibió amenazas de muerte tan graves que dijo que ya no era seguro seguir adelante.
Estos casos no son idénticos. Y no hace falta aprobar cada gesto o cada frase para ver el problema central. En una sociedad libre, la gente dirá cosas que otros consideran ofensivas, ignorantes o moralmente repugnantes. La respuesta no debería ser el castigo.
El mecanismo es siempre parecido: primero llega la presión social, luego el despido, después el miedo. La cultura de la cancelación parte de una idea simple y tóxica: quien se aparta del conjunto aprobado de ideas merece ser empujado a la conformidad. Y una vez que esa lógica se normaliza, su salto desde la presión informal hacia las instituciones es cuestión de tiempo.
La propia pieza señala que el instinto aparece en ambos bandos de la política estadounidense. En la izquierda socialista, el concepto de «opresión» se ha ampliado desde la explotación de clase hacia raza, colonialismo, género, sexualidad, vivienda, salud y hasta tamaño corporal y expectativas culturales sobre la salud. Cuando cualquier desacuerdo puede reinterpretarse como daño, censurar se vuelve más fácil de justificar.
En la derecha, el texto advierte sobre la administración Trump y sus choques con miembros de la prensa que considera deshonestos o injustos, incluidos esfuerzos por restringir el acceso según cómo describieron hechos o usaron cierta terminología. Si el poder público decide qué periodistas o qué puntos de vista merecen acceso, la discusión deja de ser debate y pasa a ser castigo con aparato estatal.
Ahí está la trampa. La misma gente que dice defender valores superiores termina usando métodos que los contradicen. No se combate el odio con más coerción. No se defiende la libertad castigando ideas incómodas. Y no se protege la tolerancia convirtiendo la disidencia en una falta que deba pagarse con carrera, reputación o amenazas.
Otra vez la doble vara. Quien convierte la discrepancia en delito moral no está defendiendo la libertad. Está entrenando a una burocracia cultural para decidir quién puede hablar y quién debe callar. Que no te lo cuenten.
