Las demandas por responsabilidad climática se han convertido en una vía atractiva para que ayuntamientos con las arcas vacías busquen el dinero de otros. Y la pregunta ya no es abstracta: qué pasa con tu factura eléctrica cuando un jurado de condado decide cuánto deben pagar las compañías energéticas por el clima.
Ese fue el trasfondo del caso Suncor Energy v. Board of County Commissioners of Boulder County, visto por la Suprema Corte el 5 de octubre. Boulder County demandó a Suncor Energy y ExxonMobil en 2018, buscando daños bajo la ley de responsabilidad civil de Colorado por costos locales que atribuye al cambio climático global.
No es un pleito aislado. El Departamento de Justicia advirtió, en un escrito no solicitado, que Boulder es uno de unos 60 procesos similares presentados por ciudades, condados y estados en todo el país, todos en pausa mientras se resuelve este caso. Y las cifras son enormes: la ley Climate Superfund Act de Nueva York buscaba 75 mil millones de dólares antes de que un juez federal la anulara en septiembre; Multnomah County, Oregón, pide más de 51 mil millones en una sola demanda.
El punto incómodo es simple: ese dinero no sale del bolsillo de los accionistas, sino que se mete en el precio del producto. Cuando una empresa enfrenta decenas de demandas durante años, esa exposición legal se vuelve un costo más y se traslada al cliente mucho antes de que haya un veredicto.
Y el alcance no se queda en el combustible. El gobierno federal, vía la Administración de Información Energética, dice que el gas natural genera aproximadamente 40% de toda la electricidad del país, más que cualquier otra fuente. Un régimen de responsabilidad armado para castigar al petróleo y al gas termina golpeando la luz que enciende hogares y negocios en Ohio, Georgia, Arizona y el resto del país.
Bill Barr también señaló otro ángulo: esta teoría de litigio alcanza solo a empresas estadounidenses de propiedad privada. Los productores estatales de China y Rusia quedan fuera del alcance práctico de un tribunal de Colorado. Traducido al idioma de la realidad: menos producción transparente en Estados Unidos, más poder para competidores estatales que no rinden cuentas ante accionistas ni ante cortes americanas.
También está el empleo. La industria de petróleo y gas sostiene 10.6 millones de trabajos en el país y aporta alrededor de 2.1 billones de dólares a la economía estadounidense. Cuando la incertidumbre legal frena proyectos, los primeros afectados son los trabajadores, los proyectos de oleoductos y terminales de GNL, y las comunidades que dependen de esa inversión.
Y hay una ironía que no se puede ignorar: varios de estos gobiernos demandantes tienen sus propios hoyos fiscales. Boulder necesita recortar 13.2 millones de dólares de su presupuesto de 2027. Washington, D.C., enfrenta un faltante de 1.5 mil millones. San Francisco carga un déficit de 936 millones en dos años, y Baltimore, de 64.4 millones.
El cierre es obvio: esto no es solo una pelea ambiental. Es una transferencia de costos desde la burocracia local hacia el contribuyente, el consumidor y el trabajador. Otra vez la doble vara: se vende como justicia, pero se paga como impuesto oculto. Que no te lo cuenten.
