Cuando Rexnord movió su planta de baleros en Indianapolis a México, John Feltner perdió un empleo sindical de 25 dólares la hora. Después, un hospital le ofreció trabajo de mantenimiento por 18 dólares la hora. Un exjefe le propuso otro puesto sindical en una planta de almidón de maíz que pagaba 20% más, pero John dijo que no. Había sido golpeado dos veces ya, y prefirió la opción que no parecía desmoronarse.
Ese cuadro no es una anécdota aislada. Durante décadas de desindustrialización, millones de estadounidenses aprendieron a desconfiar de las promesas sobre renovación económica. La nota describe cómo el rentismo —ganar dinero capturando riqueza en lugar de crearla— ha hecho más para desacreditar la libre empresa que cualquier eslogan de la izquierda. Cuando la gente escucha «el libre mercado», cada vez más escucha «la jugada ya está arreglada».
Ahí entra el capital privado. Cerberus Capital Management compró en 2010 la cadena hospitalaria de la Arquidiócesis de Boston, la convirtió en una empresa con fines de lucro y la renombró Steward Health Care. En 2016, Steward vendió los inmuebles de nueve hospitales por 1.25 mil millones de dólares y los alquiló de vuelta, cargando a la cadena con deuda de renta. Cerberus salió en 2020 con cerca de 800 millones de dólares. Cuatro años después, Steward estaba en bancarrota.
El mismo patrón aparece con Anchor Hocking y luego con Monomoy Capital Partners. Cerberus la llevó a quiebra en el contexto de Global Home Products; el asegurador federal de pensiones terminó haciéndose cargo del plan de jubilación de los trabajadores. Después, Monomoy repitió el ciclo: en 2011 hizo que Anchor pidiera prestados 45 millones de dólares y se llevó un dividendo de 30.5 millones. Luego cobró 625,000 dólares por trimestre por asesoría. Esa es la jugada: comprar la empresa, endeudarla, pagarse primero y pasar las pérdidas al público.
El daño no se queda en un balance. Toys R Us fue comprada con dinero prestado en 2005 y liquidada en 2018, con un costo de unos 33,000 empleos en Estados Unidos. Red Lobster también terminó atrapada en la misma lógica: su compra de 2014 se financió vendiendo 500 de sus propios edificios y, cuando quebró en 2024 bajo otro dueño, seguía pagando renta por inmuebles que antes eran suyos.
La lectura es brutalmente simple: cuando el incentivo premia la extracción y castiga la inversión paciente, el aparato financiero termina comiéndose a la economía real. No es una defensa del capitalismo decirle al contribuyente que asuma las pérdidas mientras otros privatizan las ganancias. Eso es burocracia financiera con corbata.
Por eso el cierre de la nota apunta donde importa: menos impuestos a quienes construyen y menos privilegios para quienes se endeudan para pagarse dividendos. Si el país quiere fábricas, reactores, plantas de baterías y semiconductores, tiene que dejar de premiar el saqueo sofisticado. El relato se cayó solo.
