Los votantes jóvenes están furiosos con la economía, y con razón. Según E.J. Antoni y Annie Helm, un joven típico de 22 años ve cómo la renta se lleva un tercio de su sueldo, casi una quinta parte se va en transporte y la deuda estudiantil puede equivaler a una hipoteca sin casa de por medio.
No es raro, entonces, que solo 9% de los votantes menores de 30 tenga una visión «muy positiva» del capitalismo, ni que casi 60% de los votantes de 18 a 24 años quiera que un socialista democrático gane la Casa Blanca en 2028, según una encuesta reciente de Heartland/Rasmussen.
Pero el dato central es otro: lo que estos jóvenes han vivido no es capitalismo de libre mercado, sino una economía cuasi socialista en la que el Estado ha desplazado al mercado justo en los sectores más caros. Educación, vivienda y salud aparecen como los puntos donde más duele el sistema. Y no por magia.
En educación, Washington es el prestamista dominante de estudiantes. El gobierno entrega dinero sin mirar demasiado la carrera, el costo total o las probabilidades de pago. Cuando el aparato estatal inunda un mercado con crédito subsidiado, los vendedores suben precios. Así llegaron el alza de matrícula y el crecimiento de la burocracia administrativa.
En vivienda pasa algo parecido. Restricciones federales, estatales y locales —como zonificación, tamaños mínimos de lote, mandatos de estacionamiento y permisos que tardan años— vuelven ilegal o carísimo construir donde la gente quiere vivir. A eso se suma que las hipotecas respaldadas por Fannie Mae y Freddie Mac empujan la demanda. El resultado, según los columnistas, es directo: precios disparados.
La salud tampoco se salva. Antoni y Helm afirman que el gobierno paga cerca de la mitad del gasto nacional en salud, mientras las leyes de certificado de necesidad obligan a pedir permiso antes de abrir una clínica o comprar equipo. Además, la falta de transparencia de precios y la atadura del seguro al empleador reducen la competencia real.
Los autores también señalan captura regulatoria y la inflación reciente, que atribuyen al gasto deficitario de Congreso y a la expansión monetaria de la Reserva Federal.
La moraleja para cualquier votante joven debería ser obvia: más control estatal no arregla el desastre, lo agranda. Si el problema es que el sistema ya castiga el ahorro, la inversión y el mérito, la respuesta no es darle otra palanca a la burocracia.
El relato se cae solo cuando uno mira los hechos. Lo que destruye oportunidades no es la libre empresa, sino un Estado que interviene, distorsiona y luego pide más poder para corregir el daño que él mismo creó. Otra vez la doble vara: se culpa al mercado por fallas que nacen del intervencionismo.
