Que no te lo cuenten.
Había en Nairobi, en su momento de mayor auge, unos 40.000 trabajadores dedicados a escribir ensayos universitarios por encargo para estudiantes occidentales que pagaban para hacer trampa. Lo documentó el propio New York Times en un reportaje del fin de semana. El negocio era rentable: Teresios Bundi, uno de los protagonistas de la historia, cobraba entre 40 y 70 dólares por papel y llegaba a entregar hasta tres al día. Según sus propias palabras, ganaba al menos «cinco veces» lo que habría ganado ejerciendo en salud pública, carrera que sí estudió. Sus colegas «manejaban Subarus nuevos, cargaban los últimos smartphones y reservaban mesas exclusivas en clubes», según describe el diario neoyorquino.
Luego llegó ChatGPT en 2022. Los estudiantes tramposos encontraron una herramienta más barata, más rápida y sin intermediarios. La demanda se desplomó. Bundi y miles como él se quedaron sin trabajo. Alex Munyua, otro ex redactor de encargo, resumió el desenlace sin adornos: «Algunos volvieron a los pueblos. Los que intentaron otros sectores se frustraron porque no conseguían empleos formales».
El propio Bundi lanzó desde su caída una advertencia que merece tomarse en serio: «La IA viene por los banqueros, por los contadores, viene por los ingenieros, vendrá por los arquitectos. Viene por todos».
Hasta aquí, los hechos. El problema no es la advertencia de Bundi, que es legítima y vale la pena debatir. El problema es el framing del Times: presentar el colapso de una industria construida sobre el fraude académico como una tragedia laboral digna de cobertura empática. Las reacciones en redes fueron contundentes. «Hemos llegado al punto en que 'la IA destruyó empleos que solo existían porque los estudiantes hacían trampa' se trata como una tragedia», escribió un usuario. Otro fue más directo con el diario: «Estos idiotas deberían haber sido más acosados en la secundaria».
Contrafuego no celebra que nadie pierda su sustento. Pero sí señala la hipocresía: las mismas instituciones académicas que predican meritocracia, diversidad e inclusión miraron durante años hacia otro lado mientras sus alumnos subcontrataban sus títulos a trabajadores kenianos por setenta dólares. La burocracia universitaria cobró las matrículas, entregó los diplomas y no preguntó. Ahora que la IA expuso el esquema, el relato progresista busca una víctima presentable.
La lección real no es que la IA sea malvada. Es que cuando el Estado y las élites académicas inflan artificialmente el valor de un título universitario —y luego miran hacia otro lado ante el fraude masivo—, el mercado termina creando industrias enteras para satisfacer esa demanda distorsionada. La IA no destruyó empleos dignos. Destruyó el negocio del engaño. Esa es la diferencia.
