El DSA no busca reformas. Busca demolición.
Eso concluye el criminólogo Barry Latzer en City Journal. Según su análisis, la organización socialista actúa «motivada por la ignorancia» y «un odio a las instituciones americanas». Su objetivo declarado: desmantelar el sistema de justicia criminal como instrumento de «guerra de clases», ahora con una capa de «superposición racial o étnica».
El argumento tiene una trampa interna que Latzer expone sin rodeos. Los socialistas ignoran la pobreza de la mayoría de las víctimas del crimen. También ignoran que el porcentaje «desproporcionado» de víctimas negras y latinas contradice su propio relato. La narrativa no aguanta los datos.
Sus soluciones tampoco. La llamada «justicia restaurativa» puede funcionar en infracciones menores o como complemento a la cárcel. No funciona para crímenes graves. Además, según Latzer, el DSA se opone incluso a la «e-carcelación» —como el monitoreo con tobillera—, «aunque no explican por qué».
La razón, dice Latzer, es sencilla: la izquierda no quiere reformas reales. Quiere destruir el sistema. No solo el penal. El sistema entero.
En otro frente, Damon Root en Reason recuerda que Joe Biden resistió durante todo su mandato la presión de los activistas progresistas que exigían ampliar la Corte Suprema para garantizarse una supermayoría liberal. Biden se apoyó en la postura de los propios jueces liberales Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, quienes advertían que empacar la Corte destruiría su credibilidad. Pero Root lanza la pregunta incómoda: sin figuras con esos principios, ¿qué ocurre cuando los demócratas recuperen el Congreso y la Casa Blanca? El «court packing 2.0», advierte, no es inevitable. La desconfianza hacia la Corte, sin embargo, «solo parece ganar fuerza» en la izquierda.
Dos patrones, una lógica. El aparato progresista no confía en las instituciones cuando no las controla. Cuando las controla, las usa como palanca. Cuando no, las destruye o las reforma a su medida. Eso no es democracia. Es captura institucional con vocabulario de derechos.
Contrafuego lo dice claro: el libre mercado, el estado de derecho y la propiedad privada necesitan instituciones que funcionen. No instituciones ideologizadas. No cortes empacadas. No sistemas penales desmantelados en nombre de víctimas a las que, según los propios datos, la izquierda ignora. El relato se cayó solo. Que no te lo cuenten.
