El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, envió una carta a Abelardo de la Espriella. El mensaje es formal. La propuesta, concreta: una reunión institucional antes del 7 de agosto para presentar avances, retos y abrir un canal de diálogo con la próxima administración.
El contexto no es menor. De la Espriella ha calificado a la JEP como un «tribunal de venganza». Ha defendido que los exintegrantes de las FARC deben cumplir penas de cárcel. Y al anunciar el desmonte de la Consejería para la Paz, fue directo: «Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. El objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad».
Ramelli invocó en su carta el artículo 113 de la Constitución. Ese es el principio de colaboración armónica entre poderes. El mismo al que De la Espriella ha apelado en sus discursos. El mismo bajo el cual visitó las altas cortes apenas cuatro días después de ganar las elecciones.
La agenda propuesta es amplia. Sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, atención a víctimas. La JEP también quiere hablar de plata. En concreto, pide garantías de financiación para ejecutar las sanciones impuestas al último Secretariado de las FARC por más de 21.000 secuestros. Y para los casos de 12 exintegrantes de la Fuerza Pública por 135 ejecuciones extrajudiciales en el Cesar.
El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, no ha hablado de eliminar la JEP. Ha dicho que exigirá resultados y que revisará cada peso que se gaste en ella. Eso, en la práctica, es una señal clara.
Además, eliminar la JEP no es tan sencillo. Fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017. Tiene rango constitucional. Cualquier modificación sustancial requiere reforma constitucional aprobada por el Congreso. No hay decreto que alcance.
Esta carta es el primer movimiento formal del tribunal hacia el gobierno que llega. La JEP busca sobrevivir al cambio de ciclo político.
Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es solo el futuro de un tribunal. Es quién controla el relato sobre el conflicto, quién decide qué se llama justicia y qué se llama impunidad. De la Espriella llega con una postura clara: las víctimas merecen verdad real, no sanciones propias que evitan la cárcel. El nuevo gobierno tendrá en sus manos el presupuesto. Eso, en política, es poder concreto. La JEP lo sabe. Por eso escribió primero.
