Que no te lo cuenten.
La jueza Janice Robinson, del Tribunal Penal de Nueva York, liberó a Nayshawn Wilkinson el mes pasado en contra de la petición expresa de los fiscales. Wilkinson enfrentaba cargos que incluían intento de homicidio por dos disparos contra una víctima de 15 años, quien recibió un balazo en el pie y requirió cirugía. Robinson fijó una fianza de apenas 5.000 dólares en efectivo o 10.000 dólares en bono — lo que en la práctica significaba que Wilkinson solo tenía que poner 1.000 dólares de su bolsillo.
Semanas después, según las autoridades, Wilkinson disparó contra otro hombre cerca de la ruta del desfile del Día de las Indias Occidentales. Esta vez, otro juez hizo lo que Robinson se negó a hacer: fijar la fianza en 500.000 dólares.
No es un caso aislado. El mes pasado, según reportó el New York Post, Robinson también liberó sin fianza alguna a otros dos acusados de intento de homicidio. El diario revisó 13 arraignments presididos por la jueza: ocho resultaron en cero fianza para los acusados, y los cinco restantes, en fianzas bajas. Su historial es categórico — según el Post, Robinson nunca, ni una sola vez, ha concedido las solicitudes de fianza o prisión preventiva presentadas por los fiscales.
El contexto no ayuda. Los datos del NYPD muestran que, hasta agosto de este año, la policía detuvo a 263 individuos que habían sido arrestados tres o más veces por agresión grave. Las llamadas «reformas» de justicia penal aprobadas en 2019 en Nueva York — entre ellas la eliminación de la fianza en efectivo para muchos delitos — explican parte del problema, según el Post.
Robinson, señalada por el Post como sobrina del exasambleísta Nick Perry, es producto de lo que el diario describe como un sistema de selección de jueces «corrupto y endogámico» que con demasiada frecuencia coloca en el estrado a juristas peligrosamente poco calificados.
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El relato se cayó solo. Durante años, la izquierda judicial vendió la reforma de fianzas como un acto de justicia racial. Pero las principales víctimas de los reincidentes que Robinson y jueces afines liberan una y otra vez son, precisamente, los vecinos de los mismos barrios que esa retórica dice proteger.
Lo que está en juego es elemental: el Estado existe, antes que nada, para proteger a los ciudadanos que obedecen la ley. Cuando un juez convierte el estrado en una puerta giratoria para acusados de intento de homicidio, no está ejerciendo compasión — está transfiriendo el riesgo desde el acusado hacia la víctima que aún no existe. Los administradores del sistema judicial de Nueva York tienen la autoridad para actuar. La pregunta es si tendrán la voluntad.
