El proyecto de ley insignia de Donald Trump en materia electoral —la Ley SAVE America, que exige identificación para votar— acaba de ganar un respiro inesperado en el Senado: Mitch McConnell lleva casi tres semanas fuera de la cámara por problemas de salud, y nadie sabe cuándo regresará.
McConnell ha votado sistemáticamente contra el SAVE Act en sus distintas versiones, convirtiéndose en uno de los pocos republicanos que le niegan el apoyo al presidente. Trump no lo ha callado: el mes pasado dijo ante la prensa que McConnell está «en su contra casi siempre, supongo que porque está enojado, probablemente conmigo».
La ausencia del senador de Kentucky elimina un «no» del conteo republicano. Pero que nadie abra el champán: el problema matemático de fondo no desaparece. Los demócratas están unificados en contra, lo que significa que el SAVE Act no puede romper el umbral de 60 votos que exige el filibúster legislativo. La ley solo ha logrado reunir 50 votos en dos ocasiones.
El líder de la mayoría, John Thune, fue directo el mes pasado: «La única forma de llegar ahí es deshacer o eliminar el filibúster legislativo, y no hay ni cerca los votos para lograrlo en el Senado». Trump, sin embargo, presiona para que se «nuke» el filibúster. El senador Mike Lee lleva meses empujando la alternativa del «talking filibuster», aunque los republicanos dudan por el tiempo de plenario que consumiría y el riesgo de fracturas internas que terminen beneficiando a los demócratas.
Hay una tercera vía sobre la mesa: la reconciliación presupuestaria. La Cámara de Representantes avanza a toda máquina por esa ruta, pero el Senado no muestra el mismo entusiasmo.
El contexto importa: las elecciones intermedias se acercan y el GOP necesita mostrar resultados en sus prioridades de base. La ley de identificación electoral es una de las más visibles.
Que no te lo cuenten. El bloqueo del SAVE Act no es un capricho procedimental: es la burocracia del Senado funcionando exactamente como la izquierda necesita que funcione. Los demócratas no debaten el fondo —que solo ciudadanos voten— porque saben que ese debate lo pierden. Prefieren el filibúster como escudo. Mientras tanto, el aparato estatal sigue administrando elecciones sin exigir el mismo documento que cualquier ciudadano presenta para abrir una cuenta bancaria. El precio de esa «protección» lo paga la integridad del sistema, no la casta que lo defiende.
