California prometió prosperidad. Lo que llegó fueron tablones en las ventanas.
En el área de Fresno, al menos 16 restaurantes de comida rápida han cerrado en el último año y medio. Los dueños de franquicias citan la ley de salario mínimo de $20 por hora —vigente para cadenas con más de 60 locales en todo el país— junto con el alza en costos de alimentos, servicios públicos y seguros. Entre los caídos: Carl's Jr., Wendy's, KFC y Jack in the Box.
El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 1228 en 2024, a instancias del sindicato Service Employees International Union, que según la fuente gasta decenas de millones de dólares en cada ciclo electoral y tiene enorme influencia en Sacramento. El resultado no sorprende a nadie que entienda cómo funcionan los márgenes en la industria de comida rápida.
Algunos trabajadores sí vieron aumentar su sueldo por hora. Pero otros trabajan menos horas. Otros perdieron el empleo directamente. Los analistas discrepan sobre el efecto neto de la ley, en parte porque algunas cadenas ya pagaban ese mínimo antes de que entrara en vigor, las cadenas pequeñas están exentas y no todas las marcas absorben igual el aumento de costos laborales.
Lo que sí está documentado: los restaurantes han subido precios moderadamente, recortado horas y acelerado la sustitución de empleados por automatización. En una región como Fresno —con una de las mayores concentraciones de trabajadores de bajos ingresos del estado— los consumidores son especialmente sensibles al precio de una hamburguesa. Si el cliente no puede o no quiere pagar más, los números no cierran. Y si los números no cierran, el local cierra.
Eso es exactamente lo que ocurrió.
Aquí está en juego algo más que unos locales de comida rápida. Un mandato estatal de talla única, diseñado para satisfacer a un sindicato con poder político, se impuso sobre miles de pequeños empresarios que operan con márgenes delgados en mercados locales muy distintos entre sí. El resultado predecible —empleos perdidos, negocios cerrados, barrios con más locales vacíos— recae sobre los trabajadores de menores ingresos que la ley supuestamente iba a beneficiar.
Esta es la lógica del intervencionismo: el sindicato consolida poder, el político firma para la foto, y el costo lo pagan el empleado que se queda sin turno y el empresario que baja la persiana. Que no te lo cuenten.
