En noviembre de 2022, Allison Ducluzeau fue llevada a una sala de emergencia con dolor abdominal severo. Los estudios posteriores revelaron un cáncer abdominal raro y agresivo: carcinomatosis peritoneal en etapa 4.
En consultas en la British Columbia Cancer Agency, los oncólogos le dijeron que no era elegible para la cirugía que necesitaba, porque la quimioterapia posterior podría no ser efectiva. Con un pronóstico estimado de dos meses a dos años de vida, le sugirieron hablar con su familia sobre «muerte asistida».
Allison rechazó esa salida. Días después de la referencia para suicidio asistido, contactó a dos hospitales estadounidenses dispuestos a tratar su cáncer. Viajó a Baltimore, Maryland, para ver al doctor Armando Sardi en Mercy Medical Center y, para noviembre de 2023, estaba en su luna de miel después de una boda soñada: libre de cáncer.
El contraste entre ambos sistemas no podría ser más crudo. Mercy Medical Center la trató con precisión médica y dignidad pese a su diagnóstico terminal. La British Columbia Cancer Agency no hizo ninguna de las dos cosas, según el relato de la paciente.
La fuente presenta esto como el rostro de la medicina socializada: escasez, racionamiento de medicamentos, meses de espera y atención deficiente que empuja a los pacientes más enfermos y vulnerables hacia la eutanasia o el suicidio asistido. También advierte que Estados Unidos ya ha legalizado el suicidio asistido en 13 estados y que casi 15.000 estadounidenses han muerto por esa vía desde 1997.
El texto agrega que en California 378 médicos recetaron 1.839 fármacos letales para suicidio asistido en 2025, y 1.235 de esos pacientes murieron. También señala que 17 estados están considerando legislación para legalizarlo.
En paralelo, se critica el impulso hacia planes de precios de medicamentos como el enfoque de «Naciones Más Favorecidas», que igualaría precios estadounidenses con países europeos que usan años de vida ajustados por calidad para fijarlos. Según esa lógica, medicamentos para enfermedades raras, crónicas o terminales quedarían peor puntuados y menos cubiertos.
Aquí está el problema de fondo: cuando la burocracia decide qué tratamiento merece existir, el contribuyente no gana libertad ni el paciente gana opción. Gana poder el aparato estatal, y lo pierde el enfermo que necesita una medicina a tiempo.
Otra vez la doble vara. Se vende el control de precios como alivio, pero el costo oculto aparece donde siempre: menos acceso, más espera y menos vida para quienes no encajan en la hoja de cálculo del gobierno. Que no te lo cuenten.
