La segunda ronda de conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 terminó el viernes 25 de septiembre en Caracas con avances en tres frentes: la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, medidas sobre libertad de expresión y el compromiso de retomar en octubre la discusión de garantías políticas y civiles.
Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, aseguró que uno de los principales resultados fue el avance en la reinstitucionalización del TSJ. En sus palabras, el proceso lleva «pasos bien acelerados» y apunta a una hoja de ruta para noviembre.
Figuera también dijo que hubo una apertura en materia de libertad de expresión. Según afirmó, más de 60 redes informativas digitales que estaban bloqueadas fueron abiertas. Aun así, señaló que seguían bloqueados entre cinco y seis centros de información digital.
En paralelo, se activó el comité preliminar encargado de preparar la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales. Jorge Rodríguez encargó al diputado Giuseppe Alessandrello reunir a los integrantes de la instancia y comenzar las actuaciones correspondientes. Rodríguez sostuvo que esa comisión debe cumplir los plazos previstos para avanzar en la designación del comité de postulaciones.
El comité estará presidido por Alessandrello y tendrá como vicepresidente a Pablo Pérez. También lo integran Gloria Castillo, José Óscar Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García y Liliana González, además de Luis Florido y Félix Freites.
En paralelo, quedó conformado el Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al TSJ, integrado por siete juristas. Juan Miguel Matheus calificó como una «garantía» la designación de cuatro de los siete integrantes del consejo postulados por su sector. Citó a Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea, a quienes atribuyó «reconocida solvencia ética y jurídica».
Pero el punto que quedó pendiente fue el más sensible. La mesa de garantías políticas y civiles no se instaló durante el segundo ciclo. Jorge Millán dijo que esa discusión quedó para el próximo encuentro, previsto para mediados de octubre.
La agenda incluye la situación de dirigentes políticos que están fuera de Venezuela, el levantamiento de inhabilitaciones y la recuperación de partidos políticos. Millán sostuvo que el objetivo es que «todos los venezolanos recuperen sus plenos derechos» y que haya condiciones para unas elecciones libres y democráticas.
La otra cuestión clave tampoco se cerró: la fecha de las elecciones presidenciales. Millán cuestionó como una declaración unilateral el anuncio de Jorge Rodríguez sobre los comicios en el lapso que establece la Constitución.
El relato se cayó solo. Hubo avances técnicos, sí. Pero sin garantías políticas no hay salida creíble, solo trámite. Y en Venezuela el trámite sin libertad termina siendo otra vuelta de la misma burocracia.
Lo que está en juego no es un detalle procedimental. Es el derecho de los ciudadanos a competir, votar y organizarse sin castigos ni atajos del poder. Que no te lo cuenten: sin reglas claras, el Estado sigue administrando la incertidumbre en lugar de devolver derechos.
